El gobierno federal, quien está tras la causa contra el magnate musical Sean Combs, más conocido como Puff Diddy, que le mantiene preso en el Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn, en Nueva York a la espera de su juicio el 5 de mayo por tráfico sexual, crimen organizado y trata de personas —en otras causas particulares se podría añadir, entre otros, el cargo de pederastia—, ha acusado al rapero de «influir de manera corrupta» en el proceso.
Los fiscales, según unos documentos obtenidos por el portal de noticias Page Six, consideran que el músico de 55 se ha estado comunicando «de manera repetida» con otras personas fuera del centro penitenciario violando las regulaciones de dicha prisión con la intención de «chantajear a las víctimas» con llamadas que evaden su monitorización.
Supuestamente, Puff Diddy ha estado utilizando las cuentas telefónicas de «al menos otros ocho reclusos» en un esfuerzo por evitar que los fiscales escuchen sus llamadas con estas personas, las cuales no aparecen en la lista de contactos aprobados, entre los que sí están su familia o sus abogados.
Desde la fiscalía alegan que Combs ha estado pagando a los otros reclusos para usar sus teléfonos a través de diferentes aplicaciones móviles de procesamiento de pagos y de depósitos en otras cuentas. Además, el rapero también habría violado otra regla al ordenar a la persona que está al otro lado de la línea —incluidos sus familiares y equipo legal— de «agregar [a la conversación] a otras personas [no aprobadas] mediante llamadas a tres bandas».
«Esta práctica tampoco está autorizada por la BOP [la Oficina Federal de Prisiones], ya que ayuda a ocultar las identidades de las personas contactadas», afirman los documentos judiciales. «La reiterada elusión por parte del acusado de las regulaciones de la BOP, comenzando casi inmediatamente después de llegar al MDC [la prisión en la que se encuentra], dice mucho sobre su capacidad para cumplir con cualquier condición de liberación», se explicita.
De esta forma, los fiscales creen que Diddy ha aprovechado esta estrategia de «relaciones públicas» utilizando estas llamadas «para alterar la percepción pública» que se tiene de él en estos momentos, como por ejemplo su cumpleaños, el pasado 4 de noviembre.
«Siguiendo las instrucciones cuidadosamente marcadas por el acusado, sus hijos publicaron un vídeo en sus respectivas cuentas en diferentes redes sociales que les mostraba reunidos para celebrar el cumpleaños del acusado», se señala, lo que en su opinión evidencia que está «interfiriendo con un juicio justo», pues actos así «dejan claro que su intención es influir indebidamente en el jurado en este proceso penal».