Publicado: mayo 24, 2026, 3:30 am
Hay ventanas de oportunidad en la historia. Durante el procés, las derechas de toda la vida debían parecer izquierdas, porque el eslogan que hacía fortuna era que la autoridad emanaba de abajo a arriba, del pueblo llano a los políticos. Como en el Grândola, Vila Morena de Zeca Afonso, muchos hicieron ver que creían aquello de “O povo é quem mais ordena”. Se aprobaron leyes que en otras coyunturas hubieran sido impensables, como la 24/2015 –surgida de una iniciativa legislativa popular (ILP)– para evitar desahucios y proteger a los más vulnerables de cortes de suministros básicos. Quienes solo unos años antes defendían el austericidio como puntal doctrinario pasaron por necesidades del guion político a tratar de embridar al mercado. Endesa, compañía mayoritaria en el mercado energético catalán, fue la única que se avino después de un larguísimo pulso a condonar parte de la deuda que esas familias vulnerables habían contraído. La medida pactada con la Generalitat, diputaciones, ayuntamientos y entidades del tercer sector afectó entre 2015 y 2025 a 41.000 hogares en Cataluña y supuso 28,1 millones de euros para Endesa, el 0,16% de sus beneficios netos en ese decenio, en total 17.539 millones de euros sin contar los 725 millones ya obtenidos en el primer semestre 2026. La Generalitat pagó otros 10 millones. Pero el acuerdo acabó en diciembre de 2025 y la inquietud ante las deudas acumuladas ha vuelto a adueñarse de quienes ven que la economía crece tanto como sus posibilidades de no llegar a fin de mes. La tasa AROPE, que mide cuántas personas se hallan en riesgo de exclusión social, se sitúa en Cataluña en el 24,8%. Un 8,9% de la población se halla en situación de privación material y social severa. En ese contexto, es capital que la izquierda asuma un papel redistribuidor de la riqueza, que siempre suele toparse con la ley del beneficio que gobierna las grandes corporaciones.
