Publicado: noviembre 16, 2025, 9:07 pm
En diciembre de 2007 R.M., jefe de Personal del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), la institución pública española líder en la lucha contra el cáncer, contrata con la empresa Gedosol SL la digitalización de un simple expediente y le paga 3.000 euros. Nada noticioso, excepto por un detalle: Gedosol casualmente había sido fundada dos meses antes por su propia pareja, J.C.. La directora de Administración se lo afea y R.M., «protegido» por el gerente, Juan Arroyo, contesta «a gritos».
En los dos años siguientes, por orden de R.M., el CNIO contratará a Gedosol 43 veces, por valor de 250.017 euros. En ocasiones para cosas aparentemente absurdas, como esos 6.000 euros por «apoyo recepción seminarios». Él, R.M., controla los pagos.
A finales de 2009 la cosa ya es insostenible: R.M. abandona el CNIO y se incorpora a Gedosol, que sigue contratando a tope con el centro. Dos años después, empleados del CNIO descubren que él es el «Jose» con el que comunican por email para gestionar los contratos con Gedosol: R.M. se oculta, pero sigue facturándole a la casa.
Gedosol cobrará en los años siguientes 15,1 millones de euros públicos a la institución, que es además su único cliente. Si R.M. antes era jefe de Personal en el CNIO, desde la empresa de su pareja comienza a gestionar una suerte de caja B de empleados fijos del centro, con los que genera, además, un sobrescoste millonario a la entidad. Gedosol acaba detrayendo fondos de la institución de forma, a veces, burda: el CNIO le paga centenares de miles de euros por desarrollos SAP… Que en realidad no hace personal de Gedosol, sino del propio CNIO y otros proveedores.
En 2009 abandona la entidad otra figura importante en el escalafón: M.R., director técnico desde 1998, se va y fundaZeus SL. También «amigo íntimo» del gerente Arroyo, M.R. había implantado el soporte SAP desde su cargo en el centro. En cuanto se va y monta Zeus, sorpresa: su empresa comienza a llevar «todos los contratos de gestión SAP» del CNIO.
Pero todos, todos: hasta hoy, gana todos los contratos: 15 de 15. Factura 5,2 millones de euros, «a pesar de su escasa solvencia económica y técnica», y de no tener ninguna experiencia más: hasta hoy, su único cliente, al 98%, es el propio centro público.
Lo anterior es sólo el impactante arranque de la denuncia presentada el pasado 27 de junio en la Fiscalía Anticorrupción por quien fuera nada menos que director de Compras (2022-2025) y también de Operaciones (2024-2025) del CNIO, a la que ha tenido acceso EL MUNDO.
Tras casi 20 años con diversos cargos en la casa, a excepción de seis (2012-2018) como asesor del ministro de Economía Luis de Guindos, el alto cargo ahora denunciante es nombrado primero director de Compras (2022), y luego director de Operaciones (2024). Es ahí, al implantar una nueva normativa de control de gasto, cuando halla «cosas sospechosas».
Junto con la jefa de Cumplimiento Normativo, también alarmada por años de presuntos dispendios, y cuatro técnicos de confianza, se lía la manta a la cabeza y audita la ejecución real de las compras de la institución durante la década previa. Investiga contratos, comprueba albaranes, halla inesperados vacíos y toma declaración a varios trabajadores, alguna de las cuales queda registrada en audio.
Así descubre, tal y como se describe en las 120 páginas de la denuncia, ya en manos de la Fiscalía de Madrid, un presunto torrente de microcorrupción que desemboca, según sus cálculos, en todo un océano: entre 20 y 25 millones de euros robados a la lucha contra el cáncer en la institución oncológica puntera de España, que desde 2011 recibe anualmente unos 21 millones públicos de presupuesto.
Una gigantesca operativa de contratos -sobre todo administrativos, logísticos e informáticos- que de pronto se descubren amañados, fraccionados, inflados (a veces al 400%) o directamente sin contraprestación, o con una de «nulo valor añadido». Todo girando en torno, según la denuncia, al actual vicedirector de Asuntos Económicos de la entidad, y gerente hasta enero pasado, Juan Arroyo.
Arroyo fue destituido como gerente a principio de 2025, tras la polémica salida de María Blasco, la directora científica (2011-2025) que cesó acusada de malversación, y a la que el entonces gerente se había enfrentado. Ella se fue, pero él, presunto epicentro de la trama ahora denunciada, no: hoy, incluso con la nueva dirección impulsada por el Ministerio de Ciencia de Diana Morant tras la Crisis Blasco, Arroyo continúa ostentando una responsabilidad clave en los gastos del centro, y potencialmente en el presunto entramado descubierto por los directores de Operaciones y Cumplimiento. Quienes, dos meses después de denunciar en Anticorrupción -con 500 ficheros de análisis, contratos y correos como prueba-, fueron despedidos el 31 de agosto pasado, un día antes del nombramiento de la nueva dirección.
Sería el precio de descubrir que Gedosol, ganando en 18 años 48 de 52 licitaciones de personal y 37 de 37 de informática, se habría llevado 3,3 millones públicos de más y habría generado 4,5 de sobrecoste laboral, siempre según la denuncia. A través de Zeus se habrían detraído 1,4 millones, en esas 15 licitaciones ganadas de 15 presentadas en personal SAP. Alaos se habría llevado 1,3 millones de más y el 100% de concursos de almacenamiento.
Todo con impunidad total –el sindicato CSIF presentó hace años una denuncia que quedó en nada por falta de pruebas– garantizada por el control del gerente Arroyo, a quien se acusa incluso de llevar «personalmente» todo lo relativo a los contratos informáticos hasta 2012. El CNIO, preguntado por este periódico, se ha limitado a manifestar su «respeto» y «disposición» a los «procedimientos judiciales».
La denuncia arranca con algunos de los cobros inflados en favor de Gedosol, la mercantil de su ex jefe de Personal, en 2010: 16.900 euros por la mera «digitalización» de un documento, 17.750 por la simple impresión de otro, 16.100 por el «escaneado» del expediente de un concurso público…
En 2011, por ejemplo, el CNIO le concede a Gedosol numerosos contratos justo por debajo de 50.000 euros para eludir la obligación del concurso, y sin apenas explicación de detalle. Se contrata a un trabajador, ocultando su nombre, al que en vez de remunerarle con los 30.000 euros de valor de mercado se le pagan 142.000. Se abonan 134.500 euros a Gedosol por una trabajo que ya hace Zeus. Y otros 82.600 por desarrollos realizados, en realidad, por trabajadores del CNIO.
Se le encarga a Gedosol una «migración» de datos que en realidad se hace «automáticamente»: 44.400 € públicos al zurrón. Kafkiano: siempre según la denuncia, se le pagan a Gedosol 78.000 € para desarrollar una herramienta que termina haciendo el CNIO… Para uso de la propia Gedosol.
Trabajos que llevan un mes se cuantifican en seis para engordar la factura. En total, por labores que en realidad hacían los desarrolladores del CNIO y otros proveedores, Gedosol cobra, según la denuncia, 840.000 €.
Un goteo imparable. Le pagan a Gedosol 18.500 € por localizar telefónicamente o por mail a varios ex empleados del CNIO. O 17.200 por realizar una «tabla con incidencias informáticas que se puede hacer en 30 minutos y sin contenido alguno», reza la denuncia. Gedosol, además, ni tenía objeto social como para realizar muchos de esos trabajos.
El comité de empresa pone el grito en el cielo: hasta 34 trabajadores de Gedosol llegan a realizar tareas «estructurales» en el centro como «trabajadores de segunda«. La empresa gana esos concursos de personal con «presiones expresas del gerente» y, sigue la denuncia, asumiendo exigencias durísimas que echan a los demás concursantes… Y que luego a Gedosol, una vez elegida, no se le exigen.
En cuanto la empresa gana el concurso del personal de recepción, la contraprestación que se le pagaba a la anterior contratista se infla, de golpe, en un 38%. En cuanto gana el de personal de informática se le dejan de exigir horas. Siempre que se necesita personal de administración Arroyo pide que sea haga «a través de Gedosol». Para almibarar el presunto enjuague, blindándose como «agencia amable de colocación», reza la denuncia, llegan al CNIO a través de Gedosol hermanos, hijos, esposas y hasta «vecinos» de funcionarios del centro. Para justificar todos esos gastos administrativos, a veces realizados por triplicado, se multiplican tareas fraccionando mensualmente pedidos, facturas y pagos como «no se hace en ningún otro centro de Europa», explican fuentes del sector al director de Operaciones. Se llega a pagar por servicios que se ofertan gratis online.
Cuando Gedosol realiza las traducciones, se demanda tanto que se le llegan a pagar 30.000 euros anuales -sobre todo las pide el propio Juan Arroyo, en ocasiones de folletos publicitarios sin interés alguno-. Cuando pierde la adjudicación ante una firma especializada por insistencia del ahora denunciante (en una de sus escasas derrotas administrativas), las tareas pasan de requerir 20.000 euros al año a sólo 800. El reguero parece, por momentos, ridículo: Gedosol cobra 90.000 € por pasar a PDF la lista de presencia de los trabajadores del CNIO durante 10 años -labor que desde 2018 hace una máquina-. Según la denuncia, se multiplica artificialmente la actividad administrativa «por 4 o por 5» sólo para que Gedosol pueda cobrar.
Tras la suspensión de pagos de Arturo Cantoblanco, se abre concurso para la cafetería y lo gana una firma, Maruvimo, con igual domicilio social que Gedosol, y cuya oferta llega presentada «en mano» por el entonces presidente del comité de empresa… Que es la persona que termina adjudicándole el contrato: nadie más de la mesa lo quiere firmar. Además, Maruvimo «exige» mínimos: facturar al menos 250 menús diarios, cuando lo que se venían facturando eran 170. Perjuicio para el centro: 16.000 euros.
Sobre Zeus, que se lleva el 100% de contratos informáticos, pende una sombra aún mayor: su sede social está en la misma dirección que otras firmas de un hermano del gerente Arroyo. Los auditores hallan «trato de favor» hacia Zeus al ganar los concursos SAP. Registran cómo al responsable del CNIO se le presiona en ocasiones para que valore otras ofertas a la baja.
El CNIO contrata a un empleado SAP de Zeus pero Zeus sigue facturando por su actividad. Se nombra para otra a un empleado de Zeus que apenas posee un curso SAP y experiencia como «mozo de almacén y crupier de casino», cuando se requerían 10 años de trayectoria. Se contrata a presuntos gestores SAP que en realidad son administrativos (medio millón público de perjuicio). Muchos de las adjudicaciones a Zeus, reza la denuncia, se gestionan en «un buzón atendido en exclusiva por el gerente Arroyo». A veces las ofertas son de una sola línea, tan genéricas que sólo Zeus se presentaba: ninguna otra empresa podía comprender de qué iban.
También habría, con Zeus, sobrecoste en contrataciones, esta vez de personal SAP: hasta 2,5 millones. Los gastos de la dirección técnica también resulta ser tal pozo de dinero que una presidenta del comité de empresa denuncia al gerente, sin consecuencias. Entre 2010 y 2018 se fraccionan tantos contratos a 49.900 euros -por debajo del límite de 50.000- que la directora de Administración se queja… Sin consecuencias -entre 2018 y 2024 se contabilizan 1.102.000 euros en fraccionamientos-.
Y llega la denuncia a Alaos ITL SL, propiedad de un ex compañero de dos altos cargos del CNIO en una firma anterior. En 2007 el centro decide que necesita un almacén fuera del complejo, hace una licitación con unas medidas extremadamente rigurosas… Y curiosamente Alaos gana el concurso con una nave en San Agustín de Guadalix de las exactas dimensiones pedidas. Algo parecido sucede con el servicio de «lavado y esterilización», que gana Alaos, en la misma fábrica. Presunto perjuicio público por sobrecostes: 1,3 millones.
La Fiscalía de Madrid deberá ahora valorar la denuncia. Las tres empresas mencionadas no han querido hacer comentarios a este diario.
Un gerente destituido en enero, pero sigue en la institución
La denuncia presentada en Anticorrupción en junio pasado por el entonces director de Operaciones y Compras del CNIO, y apoyada por la directora de Cumplimiento Normativo, ambos despedidos con presuntos subterfugios como represalia por su investigación, apenas un día antes del nombramiento de la nueva dirección, en principio no guarda relación con la crisis provocada en la entidad en enero pasado, que provocó la salida de la directora científica desde 2011, María Blasco.
Entonces, el Patronato del CNIO, que administrativamente es una fundación, destituyó tanto a Blasco como al gerente desde la época anterior, la de Mariano Barbacid, Juan Arroyo, para hacer una especie de reinicio de la institución tras años de quejas internas.
A Blasco se la acusó de dedicarse más a su promoción personal que a su trabajo, y se la responsabilizó de la obsolescencia de infraestructuras y la menor producción de estudios de alta calidad por parte del centro -la mitad de jefes científicos pidieron su salida-. También de autoritarismo y acoso, incluso.
Blasco respondió asegurando que la acosada había sido ella, y sugiriendo que desde su llegada a la dirección, que ya había sido accidentada -no era la candidata de Barbacid-, tuvo enfrente al gerente, que en realidad controlaba, como denuncia ahora también el director de Operaciones y Compras, todo lo que se gastaba en la institución. El Ministerio de Ciencia, con el Patronato como brazo ejecutor, tomó el camino salomónico: los echó a los dos. Sin embargo, Arroyo sigue dentro de la casa como vicedirector de Asuntos Económicos. Y Blasco tampoco quedaría exonerada, al menos in vigilando: el dispendio público ahora denunciado habría sucedido bajo su responsabilidad.
