Publicado: noviembre 23, 2025, 1:07 pm
Cuando España celebraba el fin de la dictadura de Franco y la llegada de la democracia, la actualidad añadía una nueva muesca en la crispación y el enfrentamiento entre políticos y entre algunos de éstos con algunos jueces con el fallo del Tribunal Supremo que condenaba al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos. Esta sentencia, aún pendiente de conocerse, no altera la posición de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno protagoniza desde hace más de un año un cierre de filas absoluto y lo mantiene pese al dictamen de los jueces. «Creo en la inocencia del fiscal».
Además, en el Gobierno creen que este camino aún no está terminado, primero porque no se conoce la sentencia y, segundo, porque como ya anticipó el ministro de Justicia, Félix Bolaños, caben «recursos para dirimir las discrepancias con una decisión judicial». En la mente del Ejecutivo está que el Tribunal Constitucional, donde hay una mayoría progresista, pueda revertir el fallo. «Hay otras instancias [judiciales] donde entiendo que se tendrán que dirimir algunos aspectos de esta sentencia, cuando se conozca, que pueden ser controvertidos», ha expuesto Sánchez a los periodistas en una comparecencia tras participar en la cumbre del G20. También cabría un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.
Aunque se produzca ese recurso ante instancias superiores, la sentencia del Supremo, una vez se redacte y publique, es firme y por tanto se debe ejecutar. Esto es, García Ortiz debe dejar de ser fiscal general y de ahí que Justicia ya haya activado el proceso para nombrar a una nueva persona. El presidente del Gobierno ha evitado dar pistas y se ha limitado a señalar que su Gobierno «siempre ha propuesto a personas, como es el caso de Álvaro García Ortiz de dilata trayectoria desde el punto de vista jurídico». Su Ejecutivo también nombró a Dolores Delgado, que saltó directamente del sillón de ministra de Justicia al de la Fiscalía General.
En el seno del Gobierno ha causado enfado el pronunciamiento de la Sala Segunda del Supremo, que por cinco votos a dos falló a favor de la condena. Frente a las valoraciones más contundentes de miembros de su gobierno, atacando a los jueces y cuestionando la neutralidad de sus decisiones -han llegado a hablar de «golpe judicial»-, Sánchez modera el tono pero mantiene la discrepancia con el fallo. «En una sociedad democrática podemos manifestar la discrepancia sobre la orientación de esta sentencia». «Acatamos aunque no compartimos», ha expuesto. «Lamentar este fallo y, en segundo lugar, no compartilo», ha repetido en varias ocasiones ante las preguntas de los periodistas.
Eso sí, como ya sucediera el día que se conoció el fallo, cuando Sánchez en un acto en el Congreso hizo un llamamiento a defender la democracia ante ataques en forma de «abusos de poder» y ante quienes «se creen con la prerrogativa de tutelarla o amenazarla». Desde Johannesburgo ha evitado hacer una referencia explítica a intenciones políticas de los jueces, pero sí ha querido recordar lo sucedido en 2018, cuando se conoció un mensaje del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, que hablaba de «controlar» la sala segunda del Tribunal Supremo «desde detrás».
En esa misma línea se enmarca su defensa, aún hoy, de García Ortiz, al que ha agradecido su trabajo y ha querido «reconocer la labor que ha hecho porque ha sido muy positiva al frente de la Fiscalía». Esto es, que no considera que esté obligado a dejar el cargo por un mal desempeño, por algo que haya hecho mal, sino por otras cuestiones en las que no entra.
