Publicado: noviembre 24, 2025, 5:08 pm
Pedro Sánchez mantiene la incógnita de quién será el nuevo o la nueva fiscal general, pero sigue firmemente decidido en la defensa de la figura de Álvaro García Ortiz, que este lunes por la mañana ha renunciado, tras conocerse la semana pasada el fallo del Tribunal Supremo que le condena a dos años de inhabilitación por revelación de secretos. El presidente del Gobierno, que se encuentra en Angola para participar en una cumbre entre Europa y África, ha expresado «todo mi respeto y consideración» hacia su figura y su persona.
El jefe del Ejecutivo dice que ha conocido la carta de García Ortiz a través de los medios de comunicación y su análisis de la misma es que «refleja el servidor público que hemos tenido al frente de la Fiscalía General todo este tiempo».
Tras una defensa cerrada durante más de un año de su «inocencia», el planteamiento del Gobierno respecto a García Ortiz ha sido «respetar sus tiempos», esto es, consensuar la escenificación de su salida. Y eso dejaba los tiempos en sus manos. Finalmente en la mañana de este lunes se ha conocido que el ya ex fiscal general ha enviado una carta al ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la que anuncia que deja el cargo de fiscal general en «profundo respeto a las resoluciones judiciales» tras la sentencia del Supremo y que, en consecuencia, ha llegado «el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad».
Sánchez no ha querido desvelar si el Consejo de Ministros de este martes pondrá sobre la mesa el nombre del nuevo o nueva fiscal general. «Lo que puedo decir es que hemos puesto en marcha ya el mecanismo para el nombramiento del nuevo fiscal general y ustedes tendrán cumplida cuenta de ello en un breve espacio de tiempo», ha respondido a los periodistas presentes en Luanda.
El fallo del Supremo, del que no se conoce todavía su contenido, no creen en el Gobierno que suponga el final del camino. Primero porque no se conoce la sentencia y, segundo, porque como ya anticipó el ministro de Justicia, Félix Bolaños, caben «recursos para dirimir las discrepancias con una decisión judicial». En la mente del Ejecutivo se confía en que el Tribunal Constitucional, donde hay una mayoría progresista, pueda revertir el fallo. «Hay otras instancias [judiciales] donde entiendo que se tendrán que dirimir algunos aspectos de esta sentencia, cuando se conozca, que pueden ser controvertidos», expuso Sánchez a los periodistas este fin de semana en una comparecencia tras participar en la cumbre del G20.
Mientras tanto en el otro socio del Gobierno se incide en la retórica de enfrentamiento contra el Tribunal Supremo y de deslegitimación de la condena a García Ortiz. Yolanda Díaz ha hecho este lunes una llamada explícita a los ciudadanos a manifestarse contra los jueces. «Hago un llamamiento sincero a las gentes demócratas de nuestro país para que salgan a defender la democracia», ha proclamado la vicepresidenta segunda en TVE.
Sumar celebra las protestas que de manera «espontánea» han tenido lugar en los últimos días en varios puntos del país, sobre todo una muy significativa que se desarrolló enfrente de la sede que cobija al Tribunal Supremo en Madrid, y pide que haya más y con más gente.
Para Díaz la condena al fiscal general del Estado ha marcado un «punto de inflexión» porque los jueces han hecho una sentencia que, a su juicio, es «política». Así, ha presentado a García Ortiz como una persona «inocente» que ha sido «perseguido» y que es «profesional magnífico». Por eso justifica que exista «indignación social» y que haya que movilizarse.
La vicepresidenta segunda ha coqueteado con calificar la sentencia de lawfare. «Podemos poner los nombres que queramos, pero estamos asistiendo a una intervención en la vida política española», ha dicho, «el viernes los dirigentes del Partido Popular no le pedían la dimisión al fiscal general del Estado, se la pedían al presidente del Gobierno».
«Salgamos a defender la democracia. No al Gobierno de España, sino nuestros derechos. Porque van muy en serio. ‘El que pueda hacer que haga’, la aznaridad, es lo que conduce a que el jueves el Supremo nos anuncie un fallo sobre el que no sabemos cuáles son los hechos que se imputan al fiscal general del Estado y los que se declaran probados, ni la motivación jurídica», ha incidido Díaz.
Por su parte, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, portavoz de Sumar, ha asegurado que la condena a García Ortiz es «una maniobra para interferir en la vida pública del país». «Tengo un gran respeto por la mayoría de los jueces de este país, pero creo que determinados estamentos judiciales se están politizando para interferir en la vía pública», ha manifestado en un desayuno informativo de Europa Press.
