Publicado: noviembre 12, 2025, 11:07 am
Los miembros de la UCO que han investigado al fiscal general del Estado han declarado este miércoles en el Supremo sobre los problemas que tuvieron para reconstruir la filtración de datos reservados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. «No pudimos recuperar los mensajes que habrían sido de interés para la investigación», ha indicado uno de los tres guardias civiles que han comparecido de forma conjunta ante los siete magistrados encargados de dictar sentencia. Uno de ellos es el teniente coronel Antonio Balas, responsable del informe que señala el papel «preeminente» de Álvaro García Ortiz en la filtración.
La acusación particular que ejerce Alberto González Amador ha preguntado a los agentes por el resultado de las comisiones rogatorias que envió el Supremo para intentar recuperar los datos de los dispositivos telefónicos de García Ortiz. No obtuvieron ningún resultado, han respondido al abogado Gabriel Rodríguez Ramos. Han explicado que el 23 de octubre -una semana después de que el Supremo acordara investigarle- García Ortiz cambió de terminal móvil. Ese nuevo terminal lo tenía desde mayo en su poder, pero no lo empleó hasta octubre.
Antes de esa fecha, el acusado había ya borrado los mensajes y llamadas de Whasapp cruzadas en los días 13 y 14 de marzo de 2024, fechas en las que se centra la investigación. Ese borrado se produjo el 16 de octubre, el mismo día en que el Supremo ordenaba abrir la investigación y el instructor podía ya actuar contra García Ortiz. «Se observa que mensaje más antiguos son del 16 de octubre», ha indicado uno de los agentes que revisó el teléfono del investigado.
Lo mismo sucedió con la cuenta privada de correo electrónico de Gmail en la que García Ortiz recibió el mensaje en que la defensa de González Amador reconocía la comisión de dos delitos fiscales. «¿Comprobaron que esa cuenta había sido eliminada?». «Sí, cuando se intenta realizar una recuperación de esa copia de seguridad esa cuenta no existe. El proveedor indica que se ha eliminado recientemente».
Los tres agentes forman parte de los 11 miembros de la unidad especializada de la Guardia Civil citados este miércoles en el juicio. Los ocho primeros han relatado brevemente como testigos su participación en los registros de los despachos del fiscal general y de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, inicialmente investigada. El registro se produjo el 30 de octubre del año pasado, unos días después de que la Sala de Admisión del Supremo acordara abrir una causa penal por revelación de secretos.
Los comparecientes han indicado que el cruce de mensajes de García Ortiz se ha podido rastrear parcialmente porque la fiscal jefe de Madrid no borró el contenido de su teléfono al abrirse una causa contra ella.
En las preguntas de la defensa -es decir, de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía- a esos agentes se ha querido reflejar la tesis planteada al inicio del juicio de que el acceso a datos del fiscal general fue excesivo y desporporcionado, sin ninguna limitación. En sus respuestas, los agentes han insistido que es «inviable» hacer una selección previa del material, que siempre se hace una copia digital «total» de «todo» el contendio del teléfono, tablet o dispositivo del que se trate. «La limitacion temportral se hace luego en al fase de análisis», ha respondido uno de los técnicos de la Guardis Civil al abogado del Estado. «¿Sin limitación de fechas?», ha insitido la Abogacía del Estado. «Es imposible filtrar por fechas, se lo vuelvo a repetir. Eso llevaría semanas».
Los agentes también han confirmado que la teniente fiscal del Supremo presentó una queja por el alcance del registro, que consideró excesivo. Y que el fisdcal general mantuvo siempre una actitud de colaboración, aportando el pin de su teléfono a los guardias civiles que estaban en su despacho.
