Publicado: septiembre 17, 2025, 8:07 pm
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado la subasta de los coches de lujo del empresario Víctor de Aldama pese a no haberse dictado todavía una condena contra él. Mediante un auto al que ha tenido acceso EL MUNDO, confirma la decisión del Juzgado de Instrucción número 5 y pone en marcha la venta de su colección de vehículos de alta gama, entre los que se encuentra un Ferrari F12, valorado en más de 300.000 euros, que saldrá al mercado con un precio de salida de sólo 24.890 euros.
Fue el Ministerio de Presidencia quien, a través de la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, remitió un oficio a la Audiencia Nacional proponiendo la subasta de los coches por un importe irrisorio. Una iniciativa que ha sido secundada por la Fiscalía y que la defensa de Aldama recurrió sin éxito aludiendo a que la decisión es «contraria al principio de legalidad» y que vulnera la presunción de inocencia.
El Ejecutivo que preside Pedro Sánchez arguyó inicialmente que se debe aceptar «la propuesta económica más ventajosa en aras de evitar su depreciación y deterioro por el desuso, así como la acumulación de gastos de depósito». Para ello aseguraba haber consultado el servicio on line de valoraciones de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, que arroja la referida valoración.
Asimismo, puso en marcha la subasta de un Range Rover y de un Volkswagen Golf del empresario toda vez que ya se le ha devuelto recientemente un Audi A8.
La misma decisión fue adoptada en referencia a más de una decena de vehículos confiscados a los investigados en el denominado caso Hidrocarburos. La mayoría son todoterrenos de la marca Land Rover, un Jaguar E-Pace, un Mini Clubman Countryman o un Toyota Rav4, entre otros. Paradójicamente, la valoración de algunos de estos últimos vehículos es muy superior a la del Ferrari, llegando a fijarse un precio de salida para el Toyota de 30.200 euros o de 31.584 euros para el Mini.
Sostiene ahora la Sala de lo Penal que «los bienes que se someten a la adjudicación o realización anticipada» fueron «objeto de embargo y prohibición de disponer» de los mismos y que los gastos de «custodia y depósito» en los que incurre la Administración pública «son cuantiosos». También mantiene que los vehículos se van a «depreciar» con el paso del tiempo, extremo que Aldama ha combatido argumentando que en el caso del Ferrari ocurre exactamente lo contrario.
