Publicado: noviembre 14, 2025, 5:07 pm
Junts no da su brazo a torcer y ratifica los términos del órdago que ha lanzado a Pedro Sánchez. O cumple con lo pactado o se somete a una cuestión de confianza o llama a la ciudadanía a las urnas. Para los neoconvergentes no hay más alternativas: el presidente del Gobierno tiene que demostrar que conserva el respaldo de una mayoría parlamentaria para lo que son imprescindibles los siete votos de Junts y, si no lo consigue, entonces su única vía es convocar elecciones.
Este es el horizonte que hoy ha dibujado el diputado de Junts, Josep Pagès, ante el ministro de Justicia, Félix Bolaños, tras recordarle que la mayoría parlamentaria y de Gobierno «ya no existe». «Ustedes pueden ocupar el Gobierno, lo que no pueden hacer es gobernar» y eso implica la obligación de pulsar «la fuente de legitimidad democrática, devolviendo la palabra al Parlamento o, en última instancia, al pueblo». El ministro ha echado balones fuera acogiéndose al argumentario oficial: «Trabajaremos con Junts y con quien sea para mejorar la vida de los ciudadanos».
En paralelo, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha repetido que «romper es romper», pese a que la abstención de su grupo, ayer, permitiendo que el Gobierno sorteara la enmienda que reclamaba prolongar la vida de las centrales nucleares se haya interpretado como un salvavidas inesperado para Sánchez. Nogueras mantiene que los tres caminos que se abren ante Sánchez son los evidentes, que Junts mantiene invariable su postura y que lo sorprendente es que el presidente del Gobierno opte por el inmovilismo «haciendo ver como que no pasa nada», como si viviera «en otro mundo».
Lo cierto es que el saldo positivo que tiene el Gobierno con Junts está a punto de agotarse: se reduce ya a dos leyes y un decreto. Esta semana el Ejecutivo ha podido sacar adelante en el Congreso la ley de Movilidad Sostenible y la de Atención a la Clientela porque ambas formaban parte del paquete de cinco proyectos que los independentistas aseguraron que aprobarían pese a su ruptura con el Ejecutivo. Las dos iniciativas han obtenido la luz verde de la Cámara pero con una decena de modificaciones introducidas por el PP muy a pesar del PSOE.
En total, desde que la portavoz de Junts en el Congreso anunció la decisión de su partido de romper cualquier lazo con el Gobierno de Sánchez y bloquear con enmiendas de veto y votos en contra cualquier proyecto de los dos partidos que lo integran, las derrotas que ha acumulado el bloque progresista encabezado por el PSOE son 17.
Frente a esta dinámica, una sola enmienda, la que abogaba por suprimir la fecha de cierre de tres centrales nucleares -Almaraz, Ascó y Cofrentes-, que decayó gracias a la abstención de los siete escaños de Junts, proporcionó esta semana al Gobierno una victoria pírrica porque, si bien le permitió sortear un varapalo que daba por seguro, su «éxito» ha caído como un misil en el socialismo extremeño inmerso ya en la precampaña con vistas a las elecciones del 21 de diciembre.
La famosa enmienda ha servido a La Moncloa para lanzar el mensaje de que la legislatura, pese a la ruptura de Junts, no está ni mucho menos agotada. Sin embargo, las constantes vitales de la misma se calibrarán de verdad si el Gobierno, como ha prometido, lleva a la Cámara su propuesta de senda de estabilidad -conocida como techo de gasto- y, después, remite al Parlamento un proyecto de Presupuestos. En ambos casos, ya tiene garantizado el ‘no’ del bloque de la derecha, el de los siete diputados de Junts y probablemente también el de los cuatro escaños de Podemos. El bloque en contra podría llegar hasta los 182 diputados.
En el Congreso, el escepticismo acerca del compromiso de Sánchez de presentar las que serían las primeras cuentas públicas de la legislatura está muy extendido. La mayoría de los grupos es consciente de que las posibilidades de que se aprueben son más que remotas y, en ese caso, quedaría demostrado que el Gobierno no cuenta con la confianza de la Cámara. Es este un trance que el presidente trata de evitar a toda costa.
En este sentido, el Ejecutivo ha comprobado ya que, lejos de decaer la exigencia de las fuerzas políticas de contar con un proyecto de Presupuestos, la demanda es cada vez más perentoria. Así, se ha demostrado con la aprobación de una moción auspiciada por el PP que reclama a Hacienda la presentación de las Cuentas públicas para 2026.
La debilidad del Ejecutivo es palmaria. Nada más anunciar Junts su intención de bloquear la legislatura, el tándem gubernamental -PSOE-Sumar– fracasó en su intento de torpedear la propuesta del PP que impide que sea el fiscal general del Estado quien designe al responsable de la custodia de datos en la fiscalía y, además, no pudo evitar la aprobación de la mitad de los puntos incluidos en una moción del PP sobre inmigración.
Esta última semana, la principal derrota ha sido indirecta y llegó de la mano de Junts cuando este grupo se sumó al bloque de la derecha para impedir la tramitación de una proposición de ley de ERC, respaldada por PSOE y Sumar, cuya medida estrella era el establecimiento de un gravamen especial a los propietarios de más de tres viviendas.
Y a este fracaso se sumaron después las modificaciones que los populares, apoyados por Vox y Junts e incluso en algún caso por el PNV, lograron introducir en la Ley de Atención a la Clientela y en la de Movilidad Sostenible. Las más trascendentes son las siete enmiendas que afectan a esta última norma y entre las que destacan la recuperación de las indemnizaciones a los viajeros por los retrasos del AVE que el ministro Óscar Puente suprimió; el mantenimiento del mapa, la ruta, los horarios y las frecuencias de los autobuses estatales para evitar que poblaciones pequeñas queden sin servicio o evitar el cambio de las actuales etiquetas medioambientales de los vehículos, lo que perjudicaría a quienes han adquirido un coche en los últimos cinco años.
En el plato contrario de la balanza pesan las dos modificaciones que promovían los populares y que finalmente no prosperaron: de un lado, la polémica enmienda sobre la vida de las nucleares y, de otro, la que planteaba la congelación de las tasas aeroportuarias. A ellas se aferra el Gobierno para mantener el ánimo y asegurar que la legislatura sigue viva pero la realidad es que el verdadero chequeo está todavía por llegar.
