Garzón y Dolores Delgado, entre el millar de manifestantes en apoyo de García Ortiz frente al Tribunal Supremo

Casi un millar de personas se han concentrado este domingo ante la sede del Tribunal Supremo para protestar contra la condena impuesta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en una manifestación convocada por diversos colectivos sociales y sindicales.

Los asistentes, entre gritos de «vergüenza», «golpistas con toga» y «esto es política, no justicia», han denunciado la decisión del alto tribunal, que el pasado jueves adelantó la pena a García Ortiz por un delito de revelación de datos reservados, relacionado con la filtración de un correo en el que se reconocía un fraude fiscal cometido por la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Aunque la sentencia aún no está redactada, el Supremo avanzó que la condena será de dos años deinhabilitación y una multa de 7.200 euros.

Entre los manifestantes se encontraba la ex fiscal del Estado Dolores Delgado y el ex juez Baltasar Garzón, quien también fue condenado por el Supremo a once años de inhabilitación por prevaricación en el caso Gürtel. En declaraciones a EFE, Garzón calificó la condena de «injusta» y «arbitraria» y reprochó que se haya adelantado el fallo sin que se conozcan los fundamentos jurídicos, algo que, aseguró, supone «revictimizar» al fiscal y genera «desasosiego» en el sistema democrático.

A su juicio, esta sentencia no contribuye a reforzar la confianza de la ciudadanía en la justicia, ya que la gente espera un sistema «claro, justo y comprensible», algo que, señaló, no se ha producido en este caso.

Durante el acto se leyó un texto elaborado por participantes anónimos, «gente de a pie, demócratas», «sin siglas ni banderas», en apoyo a García Ortiz. En el comunicado se expresaba preocupación por la posible vulneración de la presunción de inocencia y por el hecho de que ciertas declaraciones de testigos clave para la defensa no habrían sido consideradas con la importancia necesaria.

El manifiesto fue leído por Javier Álvarez, uno de los asistentes, quien afirmó que, aunque considera que la justicia española funciona «con cierta normalidad» y en un marco democrático «sólido», en este caso el Tribunal Supremo ha actuado «con una clara intención política».