Publicado: diciembre 2, 2025, 12:07 am
La empresa que Cerdán habría usado, según la Guardia Civil, para conseguir mordidas, Servinabar, pidió que su contrato público más lucrativo, el de la obra de Belate, de 76 millones, se inflara en 8,5 más, y el propio tío de la presidenta navarra María Chivite, Óscar, responsable de obras públicas de la comunidad, ocultó en el Senado cómo se produjo esa maniobra. La UTE (Unión Temporal de Empresas) de Servinabar con Acciona, investigada por la Guardia Civil, fue quien solicitó ese incremento en la cuenta, y lo hizo sin esperar a que los motivos que justificaban ese aumento tuvieran lugar, según dice ahora Intervención.
Óscar Chivite aseguró en el Senado, en julio, que dicha petición había partido de su propio Gobierno, en concreto del Departamento de Industria, y de Delegación del Gobierno. Sin embargo, un miembro de la Sección de Minas lo desmintió la semana pasada en el Parlamento Navarro, e Intervención General ha certificado ahora que la petición partió de las propias empresas, y ni siquiera por cuestión de «necesidad» real, sino de «oportunidad». Intervención dice en su informe de 32 páginas, en poder de EL MUNDO y adelantado por Diario de Navarra, que no se pague dicho modificado. La UTE, de la que Servinabar ya no forma parte, lleva sin cobrar desde junio por este problema, en una obra que ya investigan la Unidad Central Operativa (UCO) y el juez del Tribunal SupremoLeopoldo Puente.
Fue el propio funcionario del departamento navarro de Industria quien desmintió la semana pasada al consejero en la comisión de investigación regional de Belate: «La sección de Minas no es el origen de los modificados», dijo dejando perplejos a todos, habida cuenta de que Cohesión Territorial, el departamento de Chivite, había asumido dicho incremento y sólo la irrupción de Intervención lo ha conseguido parar.
Intervención desmonta que las causas del aumento de costes sean «imprevisibles»: ni siquiera el servicio de Nuevas Infraestructuras de Óscar Chivite «realiza ninguna valoración sobre la necesidad» de los cambios que motivan ese incremento, dice. Y entra a cada motivo. Para empezar, la UTE prometió que usaría un tipo de explosivo fabricado in situ y no requería el uso de pólvora ni de polvorines -por lo que la oferta de Servinabar+Acciona fue más competitiva-. En cambio, se usó pólvora y la construcción de polvorines está corriendo por cuenta del erario público, y no de las contratistas, como dice la ley.
También pretendían las empresas cambiar la manera de ir horadando la piedra, de una más barata a otra más cara, variación asumida por el departamento de Chivite, incluso manteniéndose falsamente que resultaría más barata, y llegando a variarse dice Intervención, «el proyecto original».
Por último, Intervención dice que se justificaban en la petición variaciones en el sistema de sostenimiento interior del túnel porque supuestamente las pedía la Sección de Minas del departamento de Industria navarro, algo falso. No sólo eso: el precio de las cerchas de sostenimiento del túnel se infló de forma que podía «suponer un quebranto para la Hacienda navarra». El órgano fiscalizador cifraba la desviación de precio en un millón de euros más.
La obra debía ampliar el tránsito bajo uno de los puertos más rocosos del norte de Navarra, pero lo que va camino de atravesar es el Gobierno de María Chivite: sus socios, con Geroa Bai a la cabeza (marca navarra del PNV) y Bildu, piden responsabilidades a los Chivite -aunque ellos mismos votaron junto al PSN para evitar la comparecencia en la comisión del dueño del Grupo Noticias, cuyo hijo figura como accionista de Servinabar-.
El contrato de Belate lleva monopolizando la política navarra desde hace año y medio. El secretario y el interventor de la adjudicación denunciaron que el trance fue amañado por el propio presidente de la mesa, que además había sido mantenido en su puesto artificialmente por Chivite mediante una serie de insólitas disposiciones adicionales legales tras su edad de jubilación.
Luego se descubrió que una de las adjudicatarias era Servinabar 2000 SL, en realidad prácticamente una empresa ficticia, sin actividad, que habría servido como caja registradora del ex número 2 del PSOE y factótum del partido en Navarra, Santos Cerdán. Ahora emerge este sobrecoste irregular de 8,5 millones, que Intervención no autoriza.
