Publicado: noviembre 14, 2025, 3:07 pm
El PSOE ha presentado este viernes un escrito en la Audiencia Nacional en el que se opone a la petición del PP de expulsarle como acusación en el caso Koldo. Al asunto le dedica solo una parte de sus alegaciones, que en su mayor parte se dirigen a criticar la actuación del magistrado Leopoldo Puente, instructor de la parte del caso Koldo que se investiga en el Tribunal Supremo.
A propuesta de Puente, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno abrió la semana pasada una nueva rama de la causa centrada en los movimientos en efectivo en la sede central del PSOE. Junto al auto justificándolo, remitió a la Audiencia los interrogatorios a dos responsables de los pagos en efectivo a José Luis Ábalos y su equipo en la sede de Ferraz. Añadía las declaraciones de la testigo Carmen Pano afirmando que había entregado dinero en efectivo en el edificio de la dirección socialista.
En resumen, el escrito del PSOE acusa al magistrado del Supremo de: poner en marcha una investigación «prospectiva» sobre «la nada absoluta», apoyarse en «conjeturas», cambiar continuamente «el foco» de la investigación», proponer a la Audiencia que investigue con un auto «atípico» lleno de «carencias», querer mantener «la sospecha abierta» pese a no existir «el menor dato» para ello, incluir afirmaciones «claramente erróneas», «urdir la trama de nuevas sospechas» sobre un presupuesto «inexacto»…
«Estamos en un bucle prospectivo», resume el PSOE, que cierra la retahíla de reproches al Supremo afirmando que el auto del magistrado Puente «no identifica ni aporta datos que respalden la existencia de ningún delito vinculado con el sistema de liquidación y reembolso de gastos del Partido Socialista».
El escrito mantiene que la deducción de testimonio -el traslado- que hizo el juez del Supremo a la Audiencia de las declaraciones de los empleados de Ferraz fue «un tanto atípica», puesto que no aclaraba «ni qué delito se habría cometido [por toda concreción se habla de conductas ‘irregulares o incluso potencialmente delictivas’] ni quiénes serían sus eventuales autores».
Añade que es «evidente» que ni la Audiencia ni otro tribunal pueden investigar «conductas meramente irregulares» que no alcanzan el grado de delito. A juicio de los abogados del PSOE, esa «primera carencia» del auto de no describir indicios de delito «condiciona de forma grave su contenido y motivación».
El escrito firmado por los abogados Alberto Cachinero y Gonzalo Martínez Frenseda lamenta que al juez no le bastara la documentación sobre el sistema de pagos y cuantías que el partido le remitió la víspera de interrogar como testigos a un ex director gerente y a una secretaria del área de Organización. «Parecía así aclarado pero, como sucede en las causas que se deslizan hacia lo general, desvirtuados los indicios se cambió el escenario para imaginar otros y mantener la sospecha abierta».
El documento se cierra enlazando su defensa del modo de proceder en los pagos en efectivo con su permanencia en la causa como acusación popular. «En conclusión, no existe ningún pago del Partido Socialista que no se encuentre debidamente contabilizado; no existe ni un solo pago de mi mandante ni al Sr. [Koldo] García Izaguirre ni a ningún tercero que no sea en calidad de sueldo, dietas o reembolso de gastos, y respecto a estos, no existe ni un solo reembolso que no venga amparado en un recibo o factura presentado como justificante. A partir de esta realidad, nunca se puede descartar la existencia de abusos que hayan perjudicado al PSOE, lo que no haría sino reforzar su posición de acusación en este procedimiento».
