El nuevo Reglamento de Extranjería permitirá regularizar en los próximos tres años a 900.000 personas en situación irregular en España. Ésta es la estimación del Gobierno sobre una normativa aprobada este martes en el Consejo de Ministros que, además de facilitar la obtención de permisos y alargar su duración, «va a servir para combatir a las mafias, el fraude y la vulneración de derechos».
La afirmación la ha hecho la titular de la cartera de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, que ha explicado que el texto ha sido elaborado con la colaboración de asociaciones, sindicatos y patronales. A lo que ha apostillado: «Aporta seguridad jurídica, simplifica trámites y protege, pero además ofrece nuevas posibilidades a las personas que hayan decidido desarrollar su proyecto de vida en España, a ellas y a sus familias».
Entre las novedades, los visados iniciales van a ser de un año y las renovaciones de cuatro años para evitar «situaciones de irregularidad sobrevenida». Además, se han aclarado y simplificado los trámites para el cambio de una situación de residencia a otra de forma que, por ejemplo, no será necesario salir del país para obtener la de larga duración después de haber tenido una temporal.
También se ha extendido a un año la duración el visado para la búsqueda de empleo, que hasta era una autorización de tres meses. Se incluye, asimismo, una nueva modalidad de arraigo, la de segunda oportunidad,, dirigida a las personas que han tenido una autorización de residencia en los últimos dos años y no se hubiera renovado por determinadas razones.
Tanto esta nueva modalidad de arraigo como las cuatro ya existentes -social, sociolaboral, familiar y socioformativa- se homogeneizan y se reduce el tiempo de permanencia en España de tres a dos años para solicitarlas. De igual modo, se flexibilizan los requisitos a cumplir y se habilita a trabajar tanto por cuenta ajena como propia desde el primer momento. Todas estas autorizaciones serán de un año salvo la familiar, que será de cinco.
Actividades de temporada
En cuanto a las actividades de temporada, se ha creado una autorización específica de residencia y trabajo para «facilitar la contratación tanto a nivel individual como colectivo». «Además, se mejora la protección de los derechos de los trabajadores, ya que deberán tener información concreta y escrita (en un idioma que comprendan) de sus condiciones laborales, de estancia y demás gastos», subrayan en el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social.
También se mejoran sus condiciones de habitabilidad y la seguridad del trabajador desde que sale de su país hasta que se da de alta en España. A esto se suma una mejora en la posibilidad de cambio de empleador «en caso de abuso o por otras causas que hayan impedido el desarrollo de la relación laboral», como el fallecimiento del empleador o plagas en la cosecha.
Favorecer el estudio
Otra de las novedades es que los estudiantes van a poder contar con una autorización de estancia que dure el mismo tiempo que su formación y se les va a facilitar una vía rápida para poder enlazar con un permiso de trabajo una vez obtenida su titulación. Durante sus estudios estarán autorizados a trabajar un máximo de 30 horas semanales.
Finalmente, se ha mejorado la reagrupación familiar ampliando el límite de la edad de los hijos que pueden acogerse a ella de los 21 a los 26 años. También se regulan situaciones que hasta ahora se mantenían fuera de la legalidad, como la posibilidad de incluir a las parejas no registradas formalmente que pueda acreditar una relación afectiva análoga.