Publicado: noviembre 13, 2025, 11:07 am
La defensa del empresario Alberto González Amador, pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso, ha señalado este jueves en su informe final en el Tribunal Supremo que el fiscal general del Estado filtró a la Cadena Ser el correo de la confesión de su cliente – donde se señalaba que «ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública»- para construir el «relato político de delincuente confeso».
El letrado Gabriel Rodríguez-Ramos ha expuesto cómo con la posterior nota de prensa, que dictó y ordenó difundir Álvaro García Ortiz, se logró tener una «realidad distinta» donde el Ministerio Fiscal como parte de la conformidad, de «boca institucional», traza el relato de culpabilidad que acaba con la «presunción de inocencia» y «el derecho de defensa» del González Amador.
«El punto 2 -de 8- de la nota de prensa de la Fiscalía decía que ‘esta propuesta de conformidad realizada por el abogado defensor reconocía la autoría del señor González Amador de dos delitos contra la Hacienda pública. Ese punto no era necesario para neutralizar ningún bulo sobre quién había realizado la propuesta de conformidad y sí era un relato público e institucional de confesión y culpabilidad firmado y en boca del Ministerio Fiscal», ha destacado.
En palabras de la acusación particular, el «error» del fiscal general es pensar que la difusión de esa nota difumina el «deber de reserva y sigilo» del Ministerio Público. Para esta parte, con esa nota -que fue filtrada al diario El País horas antes de que se distribuyera al resto de medios de comunicación- se trató de buscar «cobertura legal» a la filtración previa del mail de la confesión.
«Se trató de sellar institucionalmente por el Ministerio Fiscal el relato de confesión y culpabilidad, buscando una cobertura legal, aunque mal diseñada desde el origen», ha apostillado el letrado de González Amador.
Las declaraciones de Sánchez
Rodríguez-Ramos ha subrayado que su cliente, a raíz de esa filtración, pasó a ser un «defraudador confeso» a los ojos de la opinión pública española cuando la denuncia del fiscal Julián Salto aún no había entrado ni siquiera en reparto de los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid).
La acusación particular, que pide cuatro años de prisión por un delito de revelación de secretos para García Ortiz, ha indicado cómo su cliente ha soportado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, lo calificaran de «delincuente confeso». En palabras del letrado, González Amador ha soportado con una «intensidad gubernamental diaria» que se laminaran sus derechos fundamentales.
Por su parte, el abogado del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Ignacio de Luis, ha comenzado su intervención señalando que «la cuestión» que se están dirimiendo en el Supremo es de «defensa del Estado de Derecho». El representante de la Abogacía ha puesto de relieve durante su informe la unidad de acto de la filtración del correo de la confesión con la nota de la Fiscalía General.
Asimismo, en su informe final, el ICAM ha recalcado que se «laceraron» los derechos fundamentales de un ciudadano en lo relativo al derecho de defensa y presunción de inocencia, algo que les obligó a ejercer la acción penal ante el «derecho penal de autor» que desplegó la Fiscalía.
«Haríamos exactamente lo mismo sin en vez de ser novio de fuera mujer de», ha afirmado el abogado en referencia velada a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y como muestra de la neutralidad que ha guiado a esta institución en el procedimiento penal.
La vista oral llega este jueves a su fase final. El tribunal que preside el magistrado Andrés Martínez Arrieta ofrecerá al acusado hacer uso de su derecho a la última palabra.
