Publicado: noviembre 13, 2025, 9:07 pm
El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Dean Spielmann, no sólo ha publicado este jueves un dictamen que se antoja muy positivo para el independentismo catalán y el Gobierno, sino que ha rebatido de manera rotunda la postura de Bruselas. Los servicios jurídicos de la Comisión Europea, en las observaciones que habían presentado al TJUE, señalaron que la la LOA [Ley de Amnistía] parece constituir una autoamnistía«, pero las conclusiones hoy conocidas dicen justo lo contrario. Y en varias ocasiones.
«Nada permite calificar la LOA de autoamnistía«, dice inicialmente. «El objeto mismo de la Ley desmiente cualquier asimilación con una autoamnistía», añade Spielmann. Y todavía una vez más: «Así pues, no cabe sostener, en mi opinión, que la LOA suponga una autoamnistía».
Ante este revés, Bruselas ha preferido no pronunciarse. «Tomamos nota de la opinión del abogado general. Como sabe, no comentamos opiniones. La ley de amnistía es objeto de varios casos judiciales pendientes, incluso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre los cuales no comentaremos. Seguiremos de cerca los acontecimientos en desarrollo«, ha apuntado un portavoz de la Comisión.
Esos «acontecimientos» que apuntan desde la Comisión es la sentencia que en los próximos meses debe dictar el TJUE. Porque el dictamen de hoy es eso, la postura del abogado general que, cierto es, en muchas ocasiones guía lo que finalmente dice el Tribunal. Pero, al mismo tiempo, esta afirmación cada vez se puede realizar de manera menos categórica porque las ocasiones en las que ambos textos divergen están aumentando de manera considerable.
De vuelta a las mencionadas observaciones de Bruselas, los servicios jurídicos de la Comisión sostienen que la LOA es una amnistía por este doble motivo: «En primer lugar, porque los votos de sus beneficiarios han sido fundamentales para su aprobación en el parlamento español. En segundo lugar, porque el proyecto de ley es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España. Pues bien, si hay respaldo para considerar que las autoamnistías en las que quien ostenta el poder político pretende blindarse garantizándose su inmunidad jurídica son contrarias al principio del Estado de Derecho, parece que el mismo criterio habría que aplicar cuando quien está en el Gobierno garantiza la impunidad de sus socios a cambio del apoyo parlamentario».
