Publicado: julio 17, 2025, 6:07 am
La megaobra pública de 76 millones para el desdoblamiento del túnel de Belate, en Navarra, adjudicada por el Gobierno de María Chivite a la UTE (Unión Temporal de Empresas) de la que participa Servinabar, la empresa de Santos Cerdán en la sombra, investigada por la Guardia Civil y el juez del SupremoLeopoldo Puente, sufrirá un sobrecoste de cerca de 9 millones de euros que deberán ser abonados por el Ejecutivo local, según ha podido saber EL MUNDO.
Óscar Chivite, consejero de Cohesión Territorial bajo cuya autoridad se aprobó la licitación y se ejecuta la obra, y a la sazón tío de la presidenta, admitió este martes a preguntas de Unión del Pueblo Navarro, en el Senado, que habría un sobrecoste, pero no lo cuantificó.
Este diario ha podido conocer documentalmente que se trata de una desviación de gasto de 7,6 millones más IVA, lo que acerca la cantidad a los 9 millones, y supone un 11,22% de aumento de gasto. Muy por encima del 5% de sobrecoste sobrevenido que se permitía en el propio contrato, lo que obligará a justificar el incremento, «algo que será realmente complicado, pero al final el papel ya se sabe que lo aguanta todo», señalan a este diario fuentes internas del departamento de Cohesión Territorial.
Además, los actores principales de esta historia se echan la culpa mutuamente sobre la responsabilidad del incremento de gasto, como ha podido comprobar este diario.
Mientras fuentes de la UTE -a cuyas empresas la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) cree involucradas en una trama para cobrar mordidas a cambio de lograr contratos públicos- achacan el sobrecoste a modificaciones solicitadas por el Gobierno navarro, una portavoz oficial de Cohesión Territorial ha asegurado a EL MUNDO que dichas modificaciones «han sido solicitadas por las empresas», y ha matizado que «la decisión aún no es definitiva».
Arranca documento, de 22 páginas, fechado el 24 de noviembre pasado, 10 meses después de adjudicados los trabajos, y firmado por la dirección de obra, también subcontratada: «Estando iniciadas las obras se ha puesto de manifiesto la necesidad de realizar modificaciones en el proyecto por circunstancias imprevisibles para una entidad adjudicadora diligente». Su tenor parece apuntar a que la solicitud proviene del propio departamento del Gobierno navarro, dado que en otro pasaje, en el «objeto del documento», reza así: «El objeto del presente documento es constituir la propuesta técnica que sirva como base para la que la unidad gestora del contrato emita su informe, audiencia al contratista y decisión motivada del órgano de contratación».
Las modificaciones que provocan el sobrecoste son en total 14 e incluyen aspectos que parece complicado, según fuentes de Cohesión Territorial consultadas por EL MUNDO, que no fueran observados de principio: cubriciones, excavaciones, revestimientos, drenajes de terrenos e incluso la instalación de dos depuradoras. Fuentes del sector aseguran que en no pocas ocasiones las ofertas a obras públicas de esta naturaleza exhiben importantes bajas de entrada «para dar el hachazo después con los modificados».
La presidenta de Navarra, María Chivite.
A falta de la valoración final, que no variará en exceso los montos según las fuentes consultadas, se trata, en fin, de un sobrecoste millonario en un contrato que, dada la presencia de Servinabar, podría formar parte de un sistema para que altos cargos del PSOE cobraran mordidas a cambio de obras públicas, y quizás para la financiación irregular del partido, tal y como investigan Puente y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. El contrato está siendo también investigado, por orden de la propia Chivite tras la imputación y entrada en prisión de Cerdán, por la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, la Cámara de Comptos y una auditora externa.
Los agentes y el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente sostienen la hipótesis de que Servinabar (10% del negocio) podría ser la «llave» para la consecución de contratos como el logrado por la UTE que la firma conformaba con Acciona (55%) y Excavaciones Fermín Osés (35%).
También mantienen que detrás de Servinabar estaba Santos Cerdán, estrecho colaborador de Pedro Sánchez y Secretario de Organización del PSOE de 2021 a 2025, tras localizar la UCO un contrato privado en que aquel adquiría un 45% del accionariado de la firma. Servinabar, sin apenas estructura (no ha llegado a tener nunca más de 10 trabajadores) e incluso sin el objeto social adecuado en muchos casos, logró siete contratos del Gobierno navarro por valor de 85 millones, pero el mayor de ellos con mucha diferencia fue el del desdoblamiento del túnel de Belate, la mayor obra en la comunidad foral en décadas, por un total de 76.
Su proceso de adjudicación, finalizado en febrero de 2024, no pudo estar más plagado de irregularidades. Hasta cinco de los ocho miembros de la mesa escucharon antes de comenzar su deliberación que el contrato estaba «dado de antemano», y que la presencia de Servinabar en una de las ofertas obedecía a ese propósito, denunció el secretario, Lorenzo Serena.
El presidente de la mesa, Jesús Polo Soriano, a quien el Ejecutivo de Chivite mantuvo activo tres años por encima de su edad de jubilación con medidas legislativas a medida -tres disposiciones adicionales en leyes presupuestarias-, desniveló la votación conociendo las calificaciones de los demás y pudo así desnivelar la votación sin oposición. El propio secretario de la mesa declaró está semana en el Senado, a petición de Unión del Pueblo Navarro, que la adjudicación «fue irregular y estuvo viciada»
Ahora, insólitamente, con todos los ojos puestos sobre Servinabar, a la que Acciona ya ha anunciado que expulsará de la UTE -no lo puede hacer aún porque no se ha ejecutado el 20% de la obra, que se debería terminar en diciembre de 2027-, emerge un sobrecoste millonario en Belate. Un proyecto que, además de suponer ya un importante problema de naturaleza política y quizás judicial para el Ejecutivo de Chivite, que defendió hace año y medio su «completa legalidad» frente a las voces de alarma de los funcionarios, también provocó no pocos problemas en el propio departamento de obras públicas navarro, afirman a este diario fuentes internas.
«Fue un desastre desde el principio porque el proyecto se hizo mal, la adjudicación también y la ejecución a la carrera», explican, y ponen un ejemplo por el que finalmente las empresas de la UTE podrán solicitar indemnización y sacar «más tajada»: las obras ni siquiera pudieron comenzar a tiempo «porque apareció una línea de alta tensión de Iberdrola que lo impidió, porque pocas cosas se habían hecho bien en ese proyecto. Cuando quieran lo reclamarán».
¿A qué se deben las modificaciones? Por ejemplo, a que, según el documento, ha aparecido un curso de agua, que además interfiere con el antedicho cable de Iberdola, y que hay que cubrir eventualmente: 136.000 euros más. A que el polvorín que se iba a construir, para los explosivos con los que se van a llevar a cabo los desmontes, hay que hacerlo de otra manera: 1.100.000 euros más. A que Delegación del Gobierno ha dicho, después de adjudicada la obra, que determinadas excavaciones hay que hacerlas de otra manera: 1.040.000 euros más. Por ejemplo, a que Delegación dice que el sostenimiento del túnel hay que efectuarlo de otra forma: 3.800.000 euros más. Por ejemplo, ahora ha emergido que en el proyecto no se valoró que habrá que depurar las aguas cuyos cursos se rompían: 1.400.000 euros más.
Fuentes de la oposición a Chivite apuntan a un detalle: las presuntas deficiencias en el proyecto llegan después de que este fuera elaborado, tras licitación, por dos empresas, el director de una de las cuales trabajó durante nueve años en Acciona, beneficiaria del sobrecoste. En Cohesión Territorial ponen el dato a remojar: «Puede ser casual, o no. Hay contadas firmas que hagan trabajos de este tipo».
