Publicado: febrero 27, 2025, 3:07 am
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, no logró el apoyo ni siquiera de comunidades socialistas como Castilla-La Mancha y Asturias en el punto del Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre el reparto del impuesto a la banca. Sus consejeros aceptaron la condonación, pero no este otro apartado del orden del día. Los presidentes de ambos ejecutivos regionales, Emiliano García-Page y Adrián Barbón, dieron instrucciones de rechazar una distribución que claramente perjudica a las comunidades menos prósperas.
Montero aceptó el pasado diciembre, para atraer a los votos independentistas, que Hacienda renuncie a quedarse con la recaudación de 1.700 millones anuales por el nuevo tributo bancario y que se reparta entre las comunidades autónomas. Pero se plegó a que ese reparto no se haga en función de la población o de la renta per cápita, sino por el Producto Interior Bruto. Es decir, cuanto más próspera sea una comunidad, como es el caso de Cataluña, más obtiene.
El consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz-Molina, pidió el primero la palabra en este punto de la reunión, según ha podido confirmar EL MUNDO, para expresar su disconformidad con ese reparto, que es ya inevitable al estar consagrado en la ley pactada con Esquerra y Junts. Montero despachó el punto con la mayor rapidez que pudo.
Según Ruiz-Molina, es «absolutamente injusto», porque es «difícil trasladar a la sociedad que un impuesto que se detrae de los que tienen mayor capacidad económica, se distribuya entre las comunidades autónomas que más capacidad económica tienen». Cree que es un «principio que va en contra de la propia Constitución, que establece que los poderes públicos deben promover una «distribución de la riqueza equitativa».
«Por si fuera poco, se estaría introduciendo este principio en futuras negociaciones y que la capacidad económica no puede ser un principio fundamental para repartir los recursos que entre todos los españoles somos capaces de generar», descalificó en un comunicado posterior.
El veterano socialista defiende que «la riqueza nacional se reparta en función de las necesidades de las comunidades autónomas. De lo contrario, se estaría haciendo caso a lo que otras regiones están pidiendo: que por tener más capacidad económica tienen más derecho a más financiación o a que los ciudadanos de estas tienen derecho a mejores servicios públicos».
Por su parte, el consejero de Hacienda de Asturias, Guillermo Peláez, votó también en contra por los mismos motivos. A Montero, con voto decisivo de calidad, le bastó el apoyo de la socialista catalana Alicia Romero, consellera de Hacienda de la Generalitat, para superar este punto sin más sobresaltos. En realidad, los consejeros del PP consideran cuestionable que tuviera que abordarse en el CPFF este reparto cuando está ya aprobado por ley, al contrario que la condonación de la deuda.
La vicepresidenta primera presentó posteriormente este reparto como un gesto de la Administración Central con las comunidades autónomas sin entrar en lo inequitativo de la distribución descalificada desde sus propias filas.
