Publicado: noviembre 21, 2024, 9:07 pm
El Gobierno ha logrado aprobar en el Congreso su paquete fiscal después de alcanzar un agónico acuerdo con Podemos, cuyos votos se han hecho de rogar hasta el último momento bajo la amenaza de tumbar todo el plan si no se incluía un impuesto a las energéticas. Al final, ese gravamen no aparece. El partido morado ha cedido en sus exigencias y le ha bastado la promesa del PSOE de crear una comisión negociadora para abordarlo, con la idea de que desde ahí se alumbre ese impuesto a través de una proposición de ley. Esa anunciada iniciativa está sumida en la máxima incertidumbre por el rechazo que esto provoca en otros grupos (Junts y PNV), así que de prosperar podría ser con un efecto bajo.
La reforma fiscal, que nace a través de la transposición de una directiva europea para imponer un mínimo del 15% a las multinacionales, incorpora en el último momento novedades como el impuesto a la banca. Algo que no pudo hacerse el pasado lunes en la caótica Comisión de Hacienda.
La votación del Congreso del dictamen se ha saldado con 178 votos a favor y 171 votos en contra. Los cuatro de Podemos han sido determinantes y ponen punto y final al calvario parlamentario que ha sufrido el Gobierno en esta tramitación.
El acuerdo Podemos-PSOE ha sido anunciado por los morados al filo de la votación de las enmiendas en el Pleno del Congreso después de unas últimas horas en las que se han sucedido intensas negociaciones entre las partes e intercambio de propuestas.
Al final, Podemos ha cedido y ha rebajado sus pretensiones sobre la exigencia de «garantías» al aceptar las promesas del sector socialista del Gobierno sobre una futura iniciativa para gravar a las energéticas. Cuando ésta se concrete volverá a enfrentarse al desafío de convencer a Junts y PNV, las dos formaciones que han bloqueado que se prolongue ahora el impuesto extraordinario. Por eso el acuerdo son promesas cargadas de dudas e incertidumbre sobre su aplicación real.
Podemos ha señalado en un comunicado que su voto a favor del paquete fiscal del Gobierno es a cambio de «impulsar una nueva proposición de ley que contenga un impuesto a las empresas energéticas». Para superar el principal obstáculo, que es articular una mayoría parlamentaria que lo saque adelante, el partido morado ha cerrado con el PSOE un pacto para constituir «una comisión negociadora con participación de todos los partidos políticos necesarios para aprobar esta reforma para conseguir el consenso necesario para aprobar este impuesto». Ésto es uno de los puntos claves del pacto. La promesa de que se va a negociar y que se va a hacer con «todos» los actores de la mayoría de la investidura de Pedro Sánchez.
«Si no se consiguiera ese consenso antes del 31 de diciembre», destaca Podemos en su nota de prensa, «el Gobierno aprobará un real decreto ley con la prórroga del gravamen a las empresas energéticas para el año 2025». No obstante, ese decreto tendrá que ser votado después por el Congreso para su convalidación, como muy tarde 30 días después de ser aprobado en Consejo de Ministros. Este trámite, el de la convalidación en la Cámara, volvería a enfrentar al Ejecutivo y Podemos con el fantasma de la oposición de Junts y PNV.
El partido encabezado por Ione Belarra señala que «esta estrategia habrá de ser compatible con no gravar las inversiones que se comprometan con la descarbonización, en línea con el comunicado publicado por el Ministerio de Hacienda el lunes 18 de noviembre», en el que el Departamento de María Jesús Montero se comprometía con Junts.
Podemos asume en su comunicado «la complejidad técnica de este impuesto y la necesidad de hacer un análisis riguroso de esta figura tributaria», por ello, el partido recalca que será necesario «seguir trabajando con los grupos para la justa contribución de este sector».
Impuesto permanente
En declaraciones a los medios, tras anunciarse el pacto, Belarra se ha proclamado «satisfecha» tras «tantísimas horas de negociación» y ha presentado el acuerdo con un avance importante, porque el pasado lunes se daba por muerto el impuesto a las energéticas y ahora se va a negociar.
Preguntada por las «garantías» que exigía su partido, Belarra ha asegurado que «sí» las tiene aunque sólo se ha limitado a decir que se basan en que habrá una negociación. «El compromiso es que de la comisión negociadora salga un impuesto a las grandes energéticas», ha insistido.
¿Cuál es la diferencia con el pacto que alcanzó ERC y Bildu con el PSOE y que tanto criticaba Podemos? Su respuesta ha sido que el impuesto que se plantearía ahora sería «permanente». Y el otro no lo era.
Belarra ha señalado que no ha hablado con Junts o el PNV, porque ese es un trabajo del Gobierno. En todo caso, sí ha reconocido que la negociación que se presenta «no va a ser fácil, eso es evidente». En ella, para evitar que se quede en nada, ha asegurado que Podemos trabajará para que el impuesto sea lo más «ambicioso» posible.
El comunicado del acuerdo ha llegado instantes después de que Belarra interviniera en el Pleno de la Cámara, donde había criticado el «proceso esperpéntico» que puso en marcha el Gobierno para intentar aprobar «por la puerta de atrás» una reforma fiscal negociando primero con los grupos de la derecha -PNV y Junts-, que defienden «los intereses de Repsol y de Josu Jon Imaz», en lugar de con las formaciones de izquierda.
Belarra había defendido el impuesto a las compañías energéticas asegurando que estas «son las más contaminantes y tienen beneficios milmillonarios». Recordaba que las cinco grandes compañías del sector ganaron 10.500 millones de euros el pasado año y sólo pagaron por el impuesto extraordinario que finalizará el próximo 1 de enero, 1.200 millones y, además, prevén 13.500 millones de beneficios para este año.
PNV y Junts
El PNV, uno de los grupos que previamente había acordado con el Gobierno eliminar el impuesto extraordinario a las compañías energéticas ha criticado duramente el «proceso rocambolesco» de negociación que impuso el Gobierno. «Hemos dado una imagen lamentable», ha afirmado su portavoz Idoia Sagastizabal que ha planteado la necesidad de llevar a cabo una «revisión del sistema fiscal en su conjunto en lugar de poner parches».
Los nacionalistas vascos han emitido una breve nota tras conocerse el pacto alcanzado entre PSOE y Podemos en el que, lacónicamente, precisan que respecto a este nuevo pacto «nadie ha hablado» con ellos. El PNV vota hoy a favor del paquete fiscal pero se reserva para «cuando se cree esa comisión negociadora que», afirman, «al parecer han pactado PSOE y Podemos». Será entonces cuando adopten una posición definitiva a la vista de cuáles son los términos de la propuesta impositiva que se haga.
Por su parte, Junts, la otra formación que rechaza el establecimiento de un impuesto a las energéticas, ha criticado la política de «distancia corta» del Gobierno que «no beneficia a los ciudadanos». Su diputado, Josep María Cruset, ha recordado que sus siete votos son imprescindibles para alcanzar el número «mágico» -el que permite llegar a la mayoría absoluta- y «hacen que las cosas se aprueben o no».
Para la portavoz independentista, Miriam Nogueras, lo que hoy se ha aprobado es el el paquete fiscal de Junts «al cien por cien». Ella ha minimizado las trascendencia del acuerdo anunciado entre Podemos y PSOE sobre un futuro impuesto a las energéticas afirmando que si la propuesta «se llegara a materializar», la estudiarían.
Desde EH Bildu, donde ven que el pacto de Podemos es casi idéntico al suyo, han celebrado «que finalmente todas las fuerzas de izquierdas se hayan sumado al acuerdo que alcanzamos el lunes con el Gobierno español».
El renovado impuesto a la banca
En cuanto al impuesto a la banca, la enmienda para su continuidad ha salido adelante tras fracasar el pasado lunes por la abstención de ERC y Bildu. Ahora sí han permitido con su voto su inclusión en el paquete fiscal.
El gravamen a la banca que se creó en un decreto de medidas por la guerra de Ucrania y que caducará el 31 de diciembre pasará de ser una prestación patrimonial a un impuesto, lo que implica que las haciendas forales y las comunidades autónomas lo podrán gestionar, informa Europa Press. El tipo será del 7% para las entidades financieras cuyo margen de intereses y comisiones supere los 5.000 millones de euros.
De este modo, el tipo sería del 1% hasta los 750 millones, del 3,5% hasta los 1.500 millones, del 4,8% hasta los 3.000 millones, del 6% hasta los 5.000 millones y del 7% desde 5.000 millones en adelante.
Asimismo, la recaudación obtenida se distribuirá a las comunidades autónomas de régimen común en el año natural siguiente a aquél en el que deba autoliquidarse el impuesto, en función de su Producto Interior Bruto (PIB), una filosofía que sigue el acuerdo de financiación autonómica que los socialistas pactaron con ERC en Cataluña.
El importe de la recaudación se pondrá anualmente a disposición de las autonomías de régimen común mediante operaciones de tesorería, cuyo procedimiento se determinará reglamentariamente, y se efectuará en el ejercicio siguiente al de recaudación del impuesto.
Otra de las enmiendas aprobadas en el Pleno es una de PSOE y Junts para que las personas en caso de incapacidad permanente absoluta o de gran invalidez no pierdan su pensión si acceden a un empleo y finalmente no pueden proseguir con el mismo.
Lo que el PSOE no ha conseguido introducir en la ley ha sido su intento de subir la fiscalidad al diésel, que se ha visto frustrado por el voto en contra de Podemos, PP, Vox y UPN. Tampoco ha prosperado la enmienda socialista para regular a las socimis.
