Publicado: noviembre 20, 2024, 9:07 am
El Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha redactado ya el informe solicitado por su presidenta, Isabel Perelló, sobre cómo debe aplicarse la regla de la paridad (60-40 por ciento entre sexos) en los nombramientos de la cúpula judicial.
El informe, al que ha tenido acceso EL MUNDO, sostiene que el principio de presencia equilibrada entre hombres y mujeres «no puede interpretarse como un criterio imperativo y automático» en todos los procedimientos de nombramiento discrecional, puesto que la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea «excluyen claramente que en trance a proceder a un nombramiento se pueda atribuir al sexo de los candidatos, en términos imperativos una relevancia mayor que al mérito y la capacidad de cada uno de ellos».
Asimismo, el documento afirma que la citada regla de la paridad constituye «un mandato vinculante para la política global de nombramientos del CGPJ».
En este sentido, el principio del 40-60 entre sexos se debe aplicar en las plazas de la carrera judicial, de la jurisdicción militar y las plazas de letrados.
El dictamen del Gabinete Técnico choca con el informe emitido por dos vocales miembros de la Comisión de Igualdad. Los consejeros Carlos Hugo Preciado y Lucía Avilés han suscrito un informe donde consideran que la citada regla «no es una mera recomendación, sino un imperativo legal». Estos dos vocales -el texto no contó con el apoyo de la presidenta de Comisión de Igualdad, Gema Espinosa– defienden que para las presidencias de cuatro de las cinco salas del Supremo se debe llevar a cabo elecciones paritarias, de modo que «al menos dos» de esas plazas sean ocupadas por mujeres.
Ese informe de Igualdad fue remitido la semana pasada a la Comisión de Calificación del CGPJ.
En la actualidad, el órgano de gobierno de los jueces está pendiente de designar a un centenar de magistrados en la cúpula judicial. De todas las plazas, las más sensibles son las cuatro presidencias de Sala del Supremo (Civil, Penal, Contencioso-Administrativo y Social).
