La caótica sesión vivida en el Congreso este lunes ha puesto en solfa la reforma fiscal que avala el Gobierno. Una negociación surrealista por momentos, nocturna y con pactos y negociaciones en varios frentes y con los socios de gobernabilidad de Pedro Sánchez en una ‘guerra’. El Ejecutivo hizo cesiones a uno y otro lado y, sin embargo, no tiene asegurado que este paquete de impuestos sea aprobado el jueves en el Pleno del Congreso. Podemos, por ejemplo, ya amenaza con tumbarlo si no se hace permanente el impuesto a las energéticas. El presidente del Gobierno se muestra confiado en sacar adelante la propuesta, pero admite que, en estos momentos, no tiene certezas sobre ello. Que no tiene garantías para que salga adelante. Porque el Ejecutivo necesita los votos de todos sus socios.
La votación se produce este jueves en el Congreso y no sólo es importante por los nuevos gravámenes que contiene, sino que de fracasar estarían en peligro la llegada de 6.500 millones en fondos europeos. De ahí el empeño del Ejecutivo de tener todos los respaldos, porque la fragilidad parlamentaria de la coalición hace que necesite todos los votos en todas las votaciones. «Hasta el jueves tenemos muchas horas por delante para llegar a acuerdos con las formaciones parlamentarias y sacar adelante una reforma fiscal necesaria para fortalecer el Estado del bienestar», ha asumido Sánchez en una comparecencia ante la prensa tras su participación en la cumbre del G20.
No es sólo que Podemos haya plantado, al menos por ahora, como línea roja el que se haga permanente el impuesto a las energéticas, es que Junts también avisa de que ellos llegaron a un acuerdo con el Gobierno y que debe cumplirse en su totalidad, que ellos votarán lo que han pactado y no otra cosa. Un rechazo de cualquiera de los socios haría descarrilar la votación.
La negociación, liderada la vicepresidenta María Jesús Montero, provocó el descontento en todos los socios y sumió al Ejecutivo en un laberinto. Se pactó con Junts y el PNV mantener el impuesto a la banca y que el 31 de diciembre decayera el de las energéticas. Pero, luego, pactó con ERC, Bildu y BNG prorrogar mediante un decreto el impuesto a las enegéticas. Posiciones aparentemente contrarias, pero a las que Sánchez les busca acomodo así, mientras sus socios no encuentran encaje: «Por supuesto que se puede casar. Son dos cosas coherentes y compatibles: que las energéticas tengan un gravamen específico y, dos, que se pueda descarbonizar el tejido productivo. Eso es lo que el Gobierno está defiendo con los acuerdos que hemos alcanzado con unos y con otros».
Lo que para la gran mayoría fue una sesión que muchos calificaron de «esperpéntica» en la Comisión de Hacienda del Congreso, para Sánchez es algo normal. «Bienvenidos a gobiernos de minoría parlamentaria», ha ironizado. «Llevamos seis años así. Considero que la debilidad es no poder articular mayorías parlamentarias y este gobierno las articula. Llevamos haciéndolo seis años con votaciones que se ganan y otras que se pierden».
La negociación de estas últimas semanas, el malestar en los socios por cómo se ha planteado y ejecutado el diálogo y las dudas sobre que la reforma fiscal pueda salir adelante ha llevado a pensar a los socios de Sánchez que se trata de un «mal augurio» de cara a los Presupuestos. Que es un mal precedente. Sánchez tampoco lo ve así. Saca, de nuevo, su lado optimista. «El Gobierno va a cumplir con su deber de presentar los Presupuestos del Estado».