Publicado: noviembre 24, 2025, 5:07 am
El Gobierno no da el asunto por cerrado. Pese al fallo del Tribunal Supremo que condena a Álvaro García Ortiz, en el Ejecutivo creen que aún queda camino por recorrer y apuntan a un recurso ante el Tribunal Constitucional que revoque la condena de la Sala Segunda. En esto es en lo que ahora confía Pedro Sánchez.
De momento, en el Ministerio de Justicia ya han activado el proceso para nombrar nuevo o nueva fiscal, algo que sucederá en los «próximos días», sin fecha aún fijada porque el planteamiento pasa por dejar que sea el propio García Ortiz quien escenifique su marcha.
El fiscal general puede cesar a petición propia, por incompatibilidad, por incapacidad, por incumplimiento grave de sus funciones o cuando cesa el Gobierno que lo ha propuesto. La condena que lo inhabilita entra dentro de esta casuística, pero la sentencia aún no se ha hecho pública y, por tanto, no es firme. No obstante, la lógica impone que La Moncloa no quiera prolongar mucho tiempo la situación de interinidad.
El Consejo de Ministros podría designar al sustituto o sustituta de García Ortiz este mismo martes. Dependerá, pero fuentes gubernamentales sí explican que dado que el Ejecutivo ha defendido y defiende, como hizo este domingo Sánchez desde Johannesburgo, su «inocencia», sí tendrían intención de «respetar sus tiempos», esto es, consensuar la escenificación de su salida y eso podría suponer imprimir inmediatez a los tiempos o bien dilatarlos un poco.
En cualquier caso, la sentencia, aún desconocida, no altera la posición de Sánchez quien, desde hace más de un año protagoniza un cierre de filas absoluto y lo mantiene pese al dictamen de los jueces. «Creo en la inocencia del fiscal«, insiste.
Además, en el Gobierno creen que el camino aún no ha terminado. Primero, porque la sentencia aún no se ha hecho pública y, segundo, porque como anticipó el ministro de Justicia, Félix Bolaños, caben «recursos para dirimir las discrepancias con una decisión judicial».
El planteamiento del Ejecutivo se centra en que el Tribunal Constitucional, donde hay una mayoría progresista, pueda revertir el fallo. «Hay otras instancias [judiciales] donde entiendo que se tendrán que dirimir algunos aspectos de esta sentencia, cuando se conozca, que pueden ser controvertidos», explicó Sánchez a los periodistas en una comparecencia tras participar en la Cumbre del G20. En España esa instancia sería el Tribunal Constitucional, a la que García Ortiz podría recurrir en amparo por considerar que el veredicto del Supremo vulnera sus derechos. Para dar este paso tendría un plazo de 30 días desde que la sentencia del Supremo sea firme y en su recurso, además de detallar el derecho fundamental que considera violentado, tendría que argumentar porqué esa vulneración tiene trascendencia constitucional. Además, cabría la presentación de un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
No obstante, aunque se produzca ese recurso, una vez se redacte y publique la sentencia, esta adquiere condición de firme y se debe ejecutar. Esto es, García Ortiz dejará de ser fiscal general y por ello, Justicia ya ha activado el proceso para nombrar a una nueva persona.
El presidente evita dar pistas y se limita a señalar que su Gobierno «siempre ha propuesto a personas, como es el caso de García Ortiz, de dilatada trayectoria desde el punto de vista jurídico«. De hecho, la ley establece que la persona designada debe ser un jurista español de reconocido prestigio y con más de 15 años de ejercicio. Desde que Sánchez es presidente ha habido tres fiscales generales: María José Segarra, Dolores Delgado -que pasó del sillón del Ministerio de Justicia al de la Fiscalía General- y Álvaro García Ortiz.
Frente a las valoraciones combativas de algunos miembros del Ejecutivo, atacando a los jueces y cuestionando su imparcialidad -han llegado a hablar de «golpe judicial»-, Sánchez modera el tono pero mantiene la discrepancia. «En una sociedad democrática podemos discrepar sobre la orientación de esta sentencia», afirma. «Acatamos aunque no compartimos», añade.
El día que se conoció el fallo, él mismo hizo un llamamiento a defender la democracia frente a «abusos de poder» y ante quienes «se creen con la prerrogativa de tutelarla o amenazarla». En Johannesburgo evitó hacer una referencia explícita a intenciones políticas de los jueces, pero sí recordó lo sucedido en 2018, cuando se conoció un mensaje del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, que hablaba de «controlar» la Sala Segunda del Supremo «desde detrás». Sánchez agradece a García Ortiz su trabajo «muy positivo al frente de la Fiscalía» y considera que no tiene que dejarlo por algo que haya hecho mal, sino por otras cuestiones en las que no entra.
