Publicado: noviembre 14, 2025, 5:07 am
Un tío abuelo me decía que en el franquismo no había mucha libertad, pero que tampoco había delincuencia y que, aunque la Policía pegaba, sólo era un problema para los que robaban, no para la gente normal. «Lo único que tenías que hacer es no meterte en problemas». Aunque él combatió con los rojos, setenta años más tarde, ya era incapaz de percibir que no había delitos en la calle, porque la criminalidad estaba en las instituciones. Y, con ella, su cultura política.
La mayoría de edad y, en cierto modo, la adquisición de la ciudadanía consciente, con sus derechos y responsabilidades, implica entender algunos preceptos complejos. Y, si no, al menos asumirlos. Uno es la presunción de inocencia, muy malbaratada últimamente, y otro el derecho de defensa. En última instancia, ambos protegen al ciudadano de los abusos del poder y, por tanto, a la democracia -un sistema en el que el fin no justifica los medios- del autoritarismo.
Tanto si el Supremo absuelve como si condena a García Ortiz, España no dejará de ser una Democracia, pero, en todo caso, será una Democracia peor, porque el mal ya está hecho. El presidente del Gobierno proclamó el pasado domingo que no está dispuesto a aceptar una sentencia adversa para su fiscal general del Estado. Al anunciar que García Ortiz «es inocente», sólo deja a los siete magistrados dos opciones: darle la razón o enfrentarse a las consecuencias de una campaña de desprestigio sin precedentes. Lo cual no es poco. En Televisión Española ya han avisado de que no aceptarán medias tintas. Tiene que ser una absolución por goleada.
La invasión de las prerrogativas del Poder Judicial por parte del máximo responsable del Poder Ejecutivo, los ataques de la Abogacía del Estado a la unidad de élite de la Guardia Civil o las descalificaciones al instructor de la causa no quedarán diluidas cuando los jueces determinen si la frenética actividad de García Ortiz para hacer públicas las comunicaciones entre la pareja de Isabel Díaz Ayuso y su abogado encaja o no en algún tipo penal. Las heridas son profundas.
Y miren que es una lástima que, si tenía tan claro que no es culpable, como dice Sánchez, el fiscal general borrara todos los mensajes de su móvil en el día de su imputación. Entregándolo al juez sin tocarlo, el caso se hubiera resuelto en tres minutos. Prefirió destruir las pruebas de lo que fuera, lo cual no altera la presunción de su inocencia, que fue lo que él intentó destruir en el caso de González Amador, un delincuente confeso sin sentencia.
García Ortiz tenía que «atajar el relato», insistió ayer el abogado del Estado. Y hay que agradecerle que volviese a recordarnos que el fiscal general había dejado de ser el encargado de preservar la justicia para convertirse en un bardo más de los cuentos de la Moncloa. No conviene frivolizar con esto. Cuando a un gobierno no le acompañan los fundamentales, que son los votos en el Parlamento, si se cae el relato se cae todo lo demás. No hay manual de resistencia que valga.
Mientras se juzgaba a García Ortiz, hemos conocido que una fontanera coaccionaba a dos de sus subordinados en nombre del PSOE para conseguir pruebas contra la UCO. Imagínense que hay sentencia condenatoria. ¿Dónde se van a esconder todos estos luchadores monclovitas que se creen impunes porque el poder ampara sus delitos?
