Publicado: noviembre 12, 2025, 7:07 pm
Un informe realizado «de manera deliberadamente sesgada y con vulneración de las mínimas garantías», en el que «se omitieron datos exculpatorios, se declinó grabar las entrevistas y se empleó un lenguaje valorativo impropio de un informe técnico«.
Así, sostiene la defensa de Koldo García, se apoyó desde el Ministerio de Transportes de Óscar Puente la imputación del ex colaborador de José Luis Ábalos hace un año, en agosto de 2024.
Mediante un informe, sostiene la abogada Leticia De La Hoz, que «da lugar a la sospecha de falsedad ideológica o manipulación», y cuya confección fue ordenada por el ministro «apenas seis días después» de la detención de García, «coincidiendo temporalmente con las primeras filtraciones periodísticas» que le implicaban «en presuntas irregularidades contractuales», y emitido seis meses después.
De La Hoz carga así contra el informe, ordenado por Puente el 27 de febrero de 2024, y emitido por el Ministerio el 19 de agosto de ese año, que es clave en la trama de las mascarillas contra García.
En el documento, el Ministerio de Puente concluía que no se cumplieron todos los requisitos exigibles en varios de los contratos públicos con Soluciones de Gestión por los que Koldo García habría intermediado, señalando específicamente, incluso, una «falta de justificación del alcance» de las compras, e incluso el hecho de que una de ellas «se duplicó de 4 a 8 millones de mascarillas en 38 minutos sin una justificación clara, más allá de la oferta del proveedor».
«Dicha auditoría fue encargada y ejecutada al margen de las garantías procedimentales esenciales: sin respaldo normativo vigente en ese momento (pues el Real Decreto 253/2024, que atribuía competencia de auditoría al órgano ejecutor, no entró en vigor hasta el 12 de marzo de 2024), sin posibilidad de audiencia ni contradicción por parte de mi mandante, y con una evidente orientación incriminatoria«, señala la letrada en su recurso, al que ha tenido acceso EL MUNDO.
«Su uso», continúa, «revela una intención de influir en la interpretación de los hechos, lo que da lugar a la sospecha legítima de falsedad ideológica o manipulación de información pública, y evidencia una voluntad deliberada de orientar su contenido«.
«Lejos de limitarse a la función de control interno que corresponde a una inspección administrativa, el informe fue difundido inmediatamente a través de la página web del Ministerio y de los medios de comunicación, generando una presión mediática sin precedentes», mantiene De la Hoz.
«Este carácter de instrumento de exposición pública quedó confirmado cuando Instrucción 2 de la Audiencia Nacional solicitó su incorporación al procedimiento, utilizándolo como base sustancial de la exposición razonada que instó la imputación de mi mandante Koldo Garcia y de Don José Luis Ábalos ante el Tribunal Supremo».
De la Hoz incluye esta acusación entre los motivos por los que solicita, en escrito de este miércoles, la nulidad de la causa que se instruye contra García en el Tribunal Supremo.
Además, alega que varios de los presuntos delitos investigados por el magistrado Leopoldo Puente en el Alto Tribunal lo son también en la Audiencia Nacional, por lo que esgrime que no se pueden juzgar dos veces unos mismos hechos.
También señala que García y Ábalos son objeto de un procedimiento en que hay una «selección estratégica de imputaciones» que deja fuera a «actores fundamentales de los hechos, la mayoría de ellos precisamente los presuntos beneficiados por las supuestas actividades ilícitas, ya que han participado como testigos y no como investigados». Se les deja fuera, razona, para que colaboren.
Se refiere aquí a Jésica Rodríguez, la ex novia de Ábalos que disfrutó durante meses de un piso en Plaza de España alquilado por la trama, y para quien pide la imputación. También a Air Europa, a quien se habría beneficiado con una nota de prensa desde el Ministerio de Transportes de Ábalos «en pago de supuestos favores».
También al jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, con quien se habría reunido Víctor de Aldama para conseguir el aplazamiento de una deuda. Igualmente se refiere De la Hoz al empresario Claudio Rivas, dueño de Villafuel, y el jefe de gabinete de la ministra de Industria, Reyes Maroto, quienes se habrían reunido con la intermediación de Koldo para lograr que la mercantil se convirtiera en operadora de hidrocarburos.
Para todos ellos -y para Claudia Montes, la denominada ‘Miss Asturias’– pide la imputación De la Hoz, por entender discriminatoria la de su defendido.
La letrada pide también la nulidad porque no se le devuelven los móviles a su representado, algo muchas veces solicitado, sin respuesta. Y alega, además, que el suplicatorio concedido por el Congreso de los Diputados para instruir la causa contra Ábalos no incluía muchos de los hechos que ahora investiga el Supremo: por ejemplo, la financiación pública de Air Europa, las gestiones en favor de Villafuel, y las de Aldama con Carlos Moreno, jefe de gabinete de Hacienda, para la obtención de aplazamientos tributario.
