Publicado: noviembre 12, 2025, 1:07 am
En el ring de la legislatura, el gobierno de coalición aparece arrinconado contra las cuerdas, en un momento de debilidad, tratando de aguantar de pie pero sin saber a ciencia cierta cómo resistirá envites como la decisión de Junts de bloquear el mandato de Pedro Sánchez. En posición de defensa, busca recomponerse al tiempo que asestar golpes al PP intentando llevar la contienda a la gestión de los servicios públicos. «Después del verano, de aquel momento de mafia o democracia que parecía que íbamos a morir, intentamos tomar la iniciativa. A veces nos cuesta más, pero remamos en la misma dirección: gestión, gestión y gestión. Puede sonar aburrido, pero es educación, sanidad, dependencia… las cosas de verdad», reflexionan fuentes gubernamentales.
Esa estrategia tiene una traducción muy clara en las últimas semanas, con la exigencia a las comunidades de crear un registro de objetores de conciencia en la interrupción voluntaria del embarazo o con el requerimiento formal a las comunidades autónomas gobernadas por el PP para que envíen, a la mayor brevedad, los indicadores disponibles de los programas de cribado de cáncer de mama, colon y cérvix. También con el aniversario de la dana, donde los socialistas censuraron la gestión de la Generalitat del PP, exigiendo la dimisión de Carlos Mazón, y ahora piden elecciones.
Este miércoles, en el Congreso, Sánchez informará, a petición propia, sobre los resultados de las últimas cumbres internacionales, del último Consejo Europeo y la situación de los servicios públicos en España. Pero, también abordará, a petición del Grupo Popular, «la corrupción que afecta a su Gobierno, su familia y al PSOE». Su estrategia es la de intentar aterrizar la pelota en el terreno de juego de la gestión, para contrarrestar modelos y mantener sus constantes vitales de gobernabilidad, mientras la oposición sigue haciendo de la corrupción su punta de lanza para tratar de hacer caer.
El interés de La Moncloa es centrarse en el debate autonómico. Porque aunque ahí no tienen músculo, el hecho de que sí lo acapare el PP les concede una ventana de oportunidad para descargar y exigir responsabilidades. Así lo resume un miembro del Gobierno: «Lo de las mamografías es un escándalo nacional. Nosotros le hemos prestado atención y si no lo hubiéramos hecho a lo mejor el asunto no habría escalado tanto. Todos sabemos que muchas veces hay cosas graves que terminan pasando sin pena ni gloria».
El planteamiento pasa por centrar las críticas en barones como Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno Bonilla, Carlos Mazón o Alfonso Mañueco en una estrategia con varias derivadas. Una, querer desgastar a los presidentes populares cuando se inicia un nuevo ciclo electoral autonómico. Dos, dar visibilidad y lanzar a los ministros-candidatos. Tres, querer trasladar la imagen de que Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición, no gobierna, no tiene cuota de poder y sí la ostentan quienes pueden moverle la silla. Cuatro, tomar la iniciativa en la agenda en un contexto donde las investigaciones judiciales marcan el paso.
Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno hablan en una Conferencia de Presidentes.
«Creemos que estamos consiguiendo poner en dificultades a una parte de los barones territoriales e instalar una etiqueta que es no que no saben gestionar», exponen fuentes gubernamentales. Pero los miembros del Ejecutivo consultados admiten que esta estrategia supone trazar una línea que, de manera inevitable, empieza y acaba en Madrid. Esto es, supone confrontar con Díaz Ayuso. «Madrid es un tema nacional», admiten.
Precisamente en ese propósito de llevar el debate a la gestión autonómica de los servicios públicos, en las últimas ha acaparado protagonismo y atención la ministra de Sanidad, Mónica García. Su departamento como punta de lanza para contrarrestar a los líderes populares. García es la líder de Más Madrid y falta por confirmar su volverá a dar el paso para ser la candidata en esta comunidad. Ya lo fue, logrando ser segunda fuerza y líder de la oposicion en la asamblea autonómica antes de saltar al Ejecutivo.
Como ella, también forma parte del Consejo de Ministros Óscar López, líder de los socialistas madrileños. Eso permite al Ejecutivo una doble vía para intentar erosionar a la presidenta madrileña. «El Gobierno de coalición tiene en su interior un tique de gobierno en Madrid», expresan guentes de la coalición. «Óscar no será presidente si Mónica no es vicepresidenta. Ella es la voz de Sanidad de este Gobierno no la de Sumar, la del Gobierno. Y si le va bien a Mónica nos irá bien a todo el Gobierno». García, en las últimas semanas desde La Moncloa y López aprovechando canutazos e intervenciones -públicas y en medios- tejen una envolvente en dos frentes contra la presidenta madrileña.
Los ministros Mónica García y Óscar López, en el Senado.MUNDO
En ese choque ya siempre latente y continuo entre el Palacio de La Moncloa y la Puerta del Sol, Sánchez sumará una nueva muesca este miércoles en su comparecencia en el Congreso. «Nosotros queríamos hablar de los servicios públicos. El PP quiere que hablemos de corrupción. Pues hablemos de la corrupción en los servicios públicos», exponen desde La Moncloa. El presidente del Gobierno hablará de dinero. Desde hace ya tiempo, Sánchez viene deslizando, de manera sibilina, qué hacen los presidentes el PP con el dinero que les aporta el ejecutivo central, sembrando las sospechas. La tesis del complejo presidencial es poner el foco en, por ejemplo, el dinero que se lleva la sanidad privada en Madrid, mientras las listas de espera son más que considerables. «Es que es una barbaridad», dicen en el Gobierno.
Las cuentas que ellos tienen anotadas es que entre 2019 y 2025, el gobierno de España ha transferido a la Comunidad de Madrid 130.000 millones de euros. Y que de esa cantidad sólo el 45% se ha destinado a los servicios públicos. Y que mientras, entre otras cosas, ha concedido contratos a la empresa Quirón y otras por valor de 1.000 millones. Datos que expondrá en la Cámara Baja para ponerse él mismo a la cabeza de esa confrontación por la gestión. De hecho, igual opinión tienen de Moreno Bonilla, del que dicen ha recibido 54.000 millones y, siempre según sus notas, ha destinado a la sanidad pública 1.500 millones.
