Publicado: noviembre 2, 2025, 12:00 am
Durante la reciente megaoperación policial contra el narcotráfico en Rio de Janeiro, la más letal en la historia de Brasil, las autoridades confiscaron más de dos millones de dólares en armas, incluyendo fusiles de guerra de otros países, anunció el gobierno estatal este sábado.
Al menos 117 presuntos delincuentes y cuatro policías murieron en la operación del pasado martes en dos complejos de favelas de Rio contra el Comando Vermelho, uno de los principales grupos criminales del país.
El gobierno del estado de Rio de Janeiro anunció «una de las mayores incautaciones» de armamento de guerra en un solo día, con 120 armas, incluyendo 93 fusiles, valoradas en 12.8 millones de reales (unos 2.4 millones de dólares).
Además encontraron municiones, explosivos, drogas, y equipamiento militar.
Según las autoridades, una parte del armamento proviene de otros países como Venezuela, Argentina, Perú, Bélgica, Rusia y Alemania, e incluye modelos usados en zonas de conflicto como el AK-47 o el FAL.
Algunos fusiles pertenecen a fuerzas armadas de diferentes países.
«Estamos ante un arsenal típico de un escenario de guerra», dijo el secretario de la policía civil de Rio de Janeiro, Felipe Curi, citado en un comunicado oficial.
Curi señaló que ahora investigarán las rutas que usan los grupos criminales para llevar esas armas hacia Rio de Janeiro.
La operación policial, que se produjo pocos días antes de que Brasil acoja la COP30 en la ciudad amazónica de Belém, ha levantado críticas de residentes de las favelas de Rio y organismos de derechos humanos por su mano dura.
Sin embargo encuestas publicadas en los últimos días muestran que la mayoría de los brasileños aprueba esta operación, calificada como «un éxito» contra el «narcoterrorismo» por el gobernador del estado, el conservador Cláudio Castro.
Acusado por sectores conservadores de ser laxo en materia de seguridad, el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva anunció el viernes que presentó al Congreso un proyecto de ley que propone una pena de 30 años de prisión para los miembros de facciones criminales.
El mandatario sancionó el jueves una ley que robustece la lucha contra el crimen organizado, especialmente definiendo como delito la conspiración y obstrucción de acciones contra las organizaciones criminales.
