Publicado: mayo 23, 2026, 5:54 am
La implantación en España de un sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) para latas y botellas de plástico, al estilo del que existía hace décadas para las botellas de vidrio, previsiblemente no será una realidad hasta enero de 2029, más de dos años después de la fecha que marca el decreto de Residuos para poner en marcha una medida alternativa a los contenedores amarillos para favorecer la retirada – y posterior reciclaje y reutilización- de envases de plástico. Esta es la fecha que desde el primer momento pidió la industria y la distribución agroalimentaria, es decir, los supermercados, que son los que tendrán que ponerlo en la práctica. Frente a ellos, el Ministerio para la Transición Ecológica insiste en que debe ponerse en pie, de manera escalonada, «lo antes posible» mientras hace un movimiento que conduce a la fecha de 2029, la decisión de modificar esa misma ley para hacer la compatible con un Reglamento europeo que aplaza la medida hasta dentro de dos años.
De momento, hay más dudas que certezas sobre cuándo empezará a a funcionar un sistema de recogida de latas y botellas de plástico que progresivamente ya están adoptando otros países de la UE. El Ministerio no confirma que su plan sea ya aplazarlo hasta 2029, pero tampoco desmiente en una «nota aclaratoria» sobre esta cuestión que elaboró el 19 de mayo. Industria y supermercados, por su parte, guardan silencio ante una coyuntura que previsiblemente favorecerá sus intereses. Una de las organizaciones que optan a ponerlo en marcha al lamentar el «retraso flagrante en España» con respecto a lo que está pasando en el resto de la UE. En línea con lo que, a preguntas de este periódico, terminó afirmando el Ministerio, fuentes jurídicas aseguran que los plazos previos a 2029 que marca la ley española para dar rodaje al SDDR sí son compatibles con el reglamento europeo. Las fuentes advierten de que para modificar la fecha de noviembre de 2026 que figura en la norma española es necesario un voto en el Parlamento y no es sifuciente con el nuevo real decreto que prepara el Ministerio.
Retorna, ONG ecologista y miembro de la Alianza Residuo Cero, sí habla más alto prara exigir que «el sistema de depósito debe arrancar de forma inminente» y se resiste pensar un aplazamiento hasta 2029 de una medida que tanto la UE como España conciben como un paso más para garantizar la retirada efectiva de plásticos, después de constatarse en 2024 que no era suficiente con el contenedor amarillo. «No estamos hablando de una medida simbólica, sino de una infraestructura estratégica para construir un modelo económico más eficiente, resiliente y alineado con las exigencias ambientales actuales”, advertían en un manifiesto reciente.
Sin embargo, en la última semana se han acumulado dos elementos que hacen pensar que los españoles no empezarán hasta 2029 a participar en un sistema por el que pagarán un poco más por sus latas de cerveza y de refresco o por las botellas de agua -10 céntimos de euros previsiblemente-, que recuperarán si después las despositan en las máquinas que a tal efecto se instalarán en supermercados, comercios medianos y grandes, estaciones de tren u áreas urbanas para conseguir retirarlos del entorno y facilitar su reciclaje y reutilización.
La Comunidad de Madrid no autoriza a ninguna empresa
Por una parte, el viernes pasado expiró un hito clave para poner en marcha este sistema en el plazo que fija la ley vigente, noviembre de este año. La Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid superó el plazo que tenía hasta el 22 de mayo para dar la autorización administrativa a las empresas que postulan para poner en marcha el llamado SDDR. De ello depende que puedan avanzar en la logística, desde determinar qué máquinas recogerán los envases y devolverán la fianza hasta dónde ponerlas. Para ello hay cuatro candidatas, entre ellas, Ecoembes, la organización que se encarga desde hace años de los contenedores amarillos, para el plástico- y la Asociación de Fabricantes y Distribución (AECOC), en la que están los grandes supermercados.
Correspondía a la Comunidad de Madrid otorgar la autorización administrativa a una, a varias o a todas las candidatas porque las cuatro tiene sede social en Madrid. Tenía hasta este 22 de mayo para hacerlo -tras la prórroga de seis meses que solicitó para ello en noviembre pasado-. El plazo venció sin decisión en ningún sentido, aunque fuentes del Gobierno regional apuntaban hace unos días a que podría decidir hasta la semana que viene. Ante «silencio negativo» que días antes ya intuía las empresas que aspiran a poner en práctica el sistema de depósito, devolución y retorno, se planteaba la hipótesis de que, en ausencia de respuesta, el proceso pueda empezar de nuevo y que la Comunidad de Madrid se tome otros seis meses, prorrogables otros seis meses, para dar la autorización.
Esta posibilidad descarta totalmente que el SDDR pueda estar operativo en noviembre de este año, como dice la Ley de Envases de 2022 de la que emana en España, y hace más que posible el horizonte de enero de 2029, el que desde un principio han pedido industria y grandes supermercados para que les diera tiempo a implementar un sistema que ya se extiende por otros países de la UE. El último en sumarse, en abril, ha sido Portugal, donde se da la paradoja de que superficies españolas como Mercadona ya lo aplican al otro lado de la frontera, a la espera de que se ponga en marcha en España, con una fecha cada vez más indeterminada. Fuentes del sector descatacan que la compañía de Juan Roig ha optado por un sistema que da un paso más porque en lugar de devolver la fianza en metálico, como se hace en otros países y se ha venido probando en los proyectos pilotos que se han desplegado en España, hace el reembolso directamente en la tarjeta.
En este sentido, Transición Ecológica espera que «se acelere el calendario previsto» para la autorización con el objetivo de poner en marcha el sistema lo antes posible». «Es clave comenzar a realizar las inversiones necesarias desde ya, dado que los plazos de implantación son exigentes y el cumplimiento de los objetivos requerirá disponer del sistema plenamente operativo con suficiente antelación una vez se resuelvan las solicitudes de autorización», apuntan en el departamento de Aagesen.
Aagesen apunta a 2029 mientras hace una nueva ley
La incertidumbre sobre qué sucede una vez que se ha pasado el plazo para dar las autorizaciones se une al un paso que que esta misma semana hizo explítico el Ministerio para la Transición Ecológica y que también apunta a aplazar el SDDR hasta el 1 de enero de 2029. El departamento que dirige la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, se encuentra elaborando un nuevo decreto de envases alternativo al de 2022 porque reconoce que algunos de sus artículos son «incompatibles» con el Reglamento europeo de envases posterior, de diciembre de 2024, que entre otras cuestiones, fija que el 1 de enero de 2029 los países de la UE deberán acreditar la retirada del 90% de los envases de plástico que circula por su territorio, valiéndose para ello de sistemas de depósito, devolución y retorno.
Esta fecha que figura en el Reglamento europeo -y también, como punto de llegada, en la norma española- es también la fecha que prefiere la industria desde el principio y a la que hasta ahora se ha negado Aagesen, que según fuentes del sector cada vez con mejores ojos postergar hasta dentro de dos años, también por el ‘atasco’ regulatorio de su Ministerio.
La semana pasada, su Subdirección General de Residuos elaboró una «nota aclaratoria» sobre la colisión entre el real decreto español y el reglamento europeo que será de aplicación directa en todos los países de la UE, también en España, a partir del próximo 12 de agosto. A partir de ese día, se producirá una «aplicación simultánea» de la norma europea y de la española, en la que Aagesen reconoce que hay artículos «incompatibles» con lo acordado a nivel europeo y que, al tener un rango normativo superior, debe prevalecer.
La aclaración de Transición Ecológica que ya el año pasado inició los trámites para elaborar un nuevo decreto que esté en totalmente en línea con la norma europea y fuentes del Ministerio evitaron en un primer momento concretar si uno de los artículos que deben modificarse es el que tiene que ver con el SDDR, que la normativa de la UE prevé que empiece a funcionar en 2029. Pero también evitaron expresamente descartarlo, aunque posteriormente aclararon que la norma española que marca ya objetivos de recogida de latas y botellas de plástico con SDDR a partir de noviembre de ese año «no solo no es incompatible» con el Reglamento europeo, «sino que resulta coherente y alineada con él».
En todo caso, en su nota aclaratoria, no se plasma esta afirmación. Allí solo puede leerse que «hasta la entrada en vigor de dicha norma nacional [la nueva], la aplicación del régimen jurídico de los envases y residuos de envases se regirá por lo establecido en el Reglamento (UE) 2025/40 y, en lo no previsto o no compatible con este por el Real Decreto 1055/2022″, es decir por la norma actualmente vigente y sujeta a modificación.
