Publicado: febrero 6, 2026, 3:45 am
La fuente de la noticia es https://www.abc.es/internacional/italia-endurece-seguridad-tras-disturbios-turin-carcel-20260206092838-nt.html
El Consejo de Ministros de Italia dio luz verde este jueves al decreto de seguridad que Giorgia Meloni llevaba semanas puliendo con el presidente de la República, Sergio Mattarella. Los disturbios de Turín del pasado sábado, con agentes heridos y escenas de guerrilla … urbana, obligaron a meter el acelerador. El Gobierno no ha querido esperar y ha volcado sus medidas estrella en un decreto ley que entra en vigor de forma inmediata.
Una de las novedades es la ofensiva total contra las armas blancas. A partir de ahora, llevar una navaja de más de ocho centímetros sin una razón de peso deja de ser una infracción menor para convertirse en un delito castigado con hasta tres años de cárcel. La norma es tajante y no se anda con rodeos: da igual que sea una navaja automática, un cuchillo de cocina o una herramienta de bricolaje; si el agente considera que no hay motivo para llevarlo encima, el problema para el ciudadano es penal.
El decreto introduce la responsabilidad parental como arma disuasoria. Si la policía pilla a un menor con un arma blanca, el castigo viaja directo al bolsillo de sus padres con multas de hasta 1.000 euros. Con este movimiento, el Ejecutivo busca que las familias dejen de mirar a otro lado. Como bien resumió el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, la idea no es perseguir a los padres, sino obligarles a ser corresponsables de lo que sus hijos esconden en la mochila.
Además, el cerco se estrecha sobre el comercio. Queda prohibida la venta de cualquier objeto punzante o de corte a menores, ya sea en la ferretería del barrio o en gigantes digitales como Amazon. Quien se salte la norma se arriesga a multas de 12.000 euros y a perder la licencia. Para que no haya fugas, los negocios físicos deberán fichar cada venta en un registro electrónico diario. Si no hay control, habrá sanción: entre 2.000 y 10.000 euros por descuido.
Detención preventiva de 12 horas
La otra medida estrella del decreto es la detención preventiva, una figura que permite a la policía retener a una persona durante un máximo de 12 horas sin que haya cometido delito alguno. La condición es que existan «motivos fundados» para considerar que su conducta representa un «peligro concreto» para el desarrollo pacífico de una manifestación pública.
¿Qué puede considerarse indicio de peligro? El texto menciona varios elementos: portar armas o instrumentos aptos para ofender, usar cascos o elementos que dificulten la identificación, tener antecedentes penales o estar fichado por la policía por delitos violentos cometidos en manifestaciones durante los últimos cinco años.
Escudo penal
El decreto incluye también el llamado escudo penal, pensado originalmente para proteger a los agentes que hacen uso de armas de fuego, aunque su redacción abarca a cualquier ciudadano. Cuando resulte «evidente» que el hecho se cometió en legítima defensa o en cumplimiento de un deber, el nombre del implicado no será inscrito en el registro de investigados, sino en un modelo separado mediante «anotación preliminar». El interesado disfrutará de todas las garantías defensivas de un investigado –nombrar abogado, no declarar contra sí mismo–, pero sin el estigma social de aparecer formalmente como tal.
El ministro de Justicia, Carlo Nordio, explicó que se trata de «incrementar las tutelas tanto para los ciudadanos como para las Fuerzas de Policía». La fórmula se complementa con plazos acelerados: el fiscal deberá decidir sobre el archivo en un máximo de 30 días si no precisa nuevas diligencias, o en 120 días si son necesarias investigaciones adicionales.
Prohibición de acceso a manifestaciones y nuevo delito de robo organizado
El decreto introduce otra novedad: el juez podrá prohibir la participación en reuniones o concentraciones públicas a personas condenadas por una docena de delitos graves, entre ellos terrorismo, devastación, homicidio, lesiones agravadas o atentados contra la seguridad del transporte. El jefe provincial de policía podrá obligar al condenado a presentarse en comisaría en los horarios en que se celebren las manifestaciones vetadas. La violación de esta prohibición se castiga con penas de cuatro meses a un año.
Finalmente, se crea un nuevo tipo penal para el «robo agravado cometido por grupos organizados», con penas de 10 a 25 años de prisión. La norma busca frenar las bandas que asaltan bancos, oficinas de correos, cajeros automáticos o vehículos blindados.
El paquete de seguridad refleja la determinación del Ejecutivo de Meloni de responder con firmeza a la percepción ciudadana de inseguridad, sin renunciar –tras el diálogo con el presidente de la República– a mantener contrapesos institucionales. Quedan fuera del decreto, de momento, las medidas sobre inmigración, que llegarán en un proyecto de ley la próxima semana.
