Un venezolano tras su paso por la megacárcel de Bukele: «Cuando traté de respirar, me ahogué con mi sangre»

Apenas se inició su segundo mandato, Trump comenzó su cacería contra las bandas criminales, ahora calificadas como «terroristas». Al poco tiempo, más de 250 venezolanos acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua aterrizaron en El Salvador, donde los recibieron con golpizas al … bajar del avión. «Llegaron al infierno», fueron las palabras de bienvenida del director del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), el lugar en el que permanecerían incomunicados durante aproximadamente cuatro meses, antes de ser enviados a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros entre Caracas y Washington.
Esposados, afeitados y en fila, los venezolanos fueron mostrados como presas peligrosas. Parecía un logro para la Administración Trump, que limpiaba las calles de la escoria de la sociedad. Servía para mantener contenta a la opinión pública. Pero en realidad no había prueba alguna que demostrara que muchos de esos hombres, sometidos a maltratos, fuesen verdaderos criminales; la mitad no contaba con condenas penales y solo el 4% había sido condenado en Estados Unidos por un delito violento.
Las autoridades estadounidenses se basaban en tatuajes, gestos en fotografías o formas de vestir para argumentar que los detenidos pertenecían al Tren de Aragua. Sin embargo, esa organización delictiva no maneja ni la estructura ni los códigos de una banda tradicional. Tampoco visten de forma particular. Los tatuajes no sirven para identificar a sus miembros, aseguran quienes han estudiado a este grupo criminal desde sus inicios. Uno de los casos que evidenció esas medidas arbitrarias fue el del exfutbolista Jerce Reyes, detenido por tener un tatuaje alusivo al Real Madrid, que las autoridades norteamericanas parecen haber considerado como prueba incriminatoria e irrefutable.

Las ONG Human Rights Watch (HRW) y Cristosal, tras hablar con 40 de los venezolanos detenidos y otras 150 personas (entre familiares y abogados), documentaron que los detenidos en el Cecot fueron sometidos a abusos físicos y psicológicos graves de forma sistemática por parte de las autoridades penitenciarias. «Estos abusos constituyen trato cruel, inhumano y degradante y, en muchos casos, tortura, según el derecho internacional», señala HRW en su más reciente informe. Los guardias y la policía antimotines golpeaban periódicamente a los venezolanos, especialmente durante las requisas diarias de celdas o por supuestas infracciones de las normas de la prisión, como hablar en voz alta, ducharse fuera del horario establecido o solicitar atención médica.

«Me siguieron golpeando en el estómago, y cuando traté de coger aire, empecé a ahogarme con la sangre», comparte un exdetenido

Daniel B., por ejemplo, relató que los agentes lo golpearon después de ser entrevistado por miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja. Los guardias lo llevaron a «la Isla» –la celda de castigo–, donde comenzaron a golpearlo con un bastón. Uno de los golpes le hizo sangrar la nariz. «Me siguieron golpeando en el estómago, y cuando traté de coger aire, empecé a ahogarme con la sangre», contó a HRW. «Mis compañeros pedían auxilio, diciendo que nos estaban matando, pero los oficiales decían que solo querían hacernos sufrir».
Numerosos testimonios coinciden en que los detenidos eran obligados a ponerse de rodillas con las manos esposadas atrás, mientras los guardias se subían sobre las esposas para causar dolor. Nelson F., un caraqueño de 32 años, contó que un día los agentes los alinearon en el pasillo para que las guardias femeninas los golpearan uno por uno. Arrodillados contra la pared, con las manos esposadas a la espalda, recibieron diez golpes en el pecho y el estómago. Los que intentaban protegerse eran golpeados con bastones.

Palizas diarias

Los exdetenidos afirmaron que las únicas excepciones a las golpizas diarias durante las requisas se daban los días previos a las visitas oficiales, cuando los guardias dejaban de golpearlos tres días antes, y la semana anterior a su liberación y traslado a Venezuela.
Entre los casos de abusos, está el de tres de los detenidos que denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual. Uno de ellos relató que cuatro guardias abusaron sexualmente de él y lo obligaron a practicar sexo oral a uno de ellos. «Jugaron con bastones en mi cuerpo», dijo. El informe establece que los abusos sexuales podrían ser más, pero que la mayoría no se atreve a compartir sus testimonios.
Algunos de los expresidiarios habían salido de su país para escapar no solo de la crisis, sino también de la persecución política tras participar en manifestaciones antigubernamentales. «No somos terroristas, éramos migrantes», aseguró uno de ellos. «Fuimos a EE.UU. a pedir protección y la oportunidad de un futuro mejor, pero terminamos en una prisión en un país que ni siquiera conocíamos, siendo tratados peor que animales».
Al menos 62 de los venezolanos de ese grupo fueron expulsados de sus procesos de asilo en EE.UU., a pesar de haber superado la evaluación inicial que les daba derecho a una audiencia completa ante un juez de migración.

Desaparición forzosa

Más allá de la detención y expulsión arbitraria, tanto Estados Unidos como El Salvador se negaron a revelar información sobre el paradero de los venezolanos durante su detención, lo que constituye un delito de desaparición forzada, la misma práctica que el régimen de Nicolás Maduro sigue cometiendo contra los presos políticos. Durante su encarcelamiento, los detenidos no pudieron comunicarse con sus familiares ni con sus abogados, y ninguno de los gobiernos publicó una lista con sus nombres. Algunos familiares solo se enteraron por las fotos que se filtraban.
El Gobierno estadounidense pagó al menos 4.7 millones de dólares a El Salvador para cubrir los gastos de reclusión de estos hombres que «fueron sometidos casi a diario a golpizas brutales por las fuerzas de seguridad salvadoreñas. «La Administración Trump ha sido cómplice de tortura, desaparición forzada y otras graves violaciones de derechos humanos, y debería dejar de enviar personas a El Salvador o a cualquier otro país donde corran el riesgo de ser torturadas», advierte Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas dede HRW.