Publicado: diciembre 2, 2025, 2:07 am
Estados Unidos ha confirmado y defendido la legalidad este lunes del segundo ataque contra los supervivientes del primer bombardeo de sus fuerzas, en septiembre, contra una embarcación en el mar Caribe, en el que finalmente murieron los once tripulantes, pero ha negado que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, diera esa orden.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha sido preguntada en rueda de prensa por si la Administración presidida por Donald Trump negaba ese segundo ataque o que Hegseth diera la orden. «Esto último es cierto», ha respondido, antes de leer un breve comunicado en el que relata que el jefe del Pentágono «autorizó al almirante (Frank) Bradley a llevar a cabo estos ataques».
De este modo, la Casa Blanca ha responsabilizado al actual comandante de Operaciones Especiales de Estados Unidos de haber acabado con la vida de los supervivientes. «El almirante Bradley fue quien dio la orden de un segundo ataque y estaba plenamente autorizado para hacerlo», ha incidido, defendiendo, además, que «actuó dentro del marco de su autoridad y de la ley, dirigiendo la operación para garantizar la destrucción del barco y la eliminación de la amenaza a Estados Unidos».
«Esta administración ha designado a estos narcoterroristas como organizaciones terroristas extranjeras», ha agregado Leavitt en su propia adenda al comunicado, en la que ha argumentado que «el presidente tiene derecho a eliminarlos si amenazan a Estados Unidos y si traen narcóticos ilegales que están matando a nuestros ciudadanos a un ritmo récord, que es precisamente lo que están haciendo».
Asimismo, ha negado que Hegseth hubiera ordenado que no quedasen supervivientes en los ataques a embarcaciones, aunque ha reiterado que Trump «tiene autoridad para matar» a los presuntos narcotraficantes que, según Washington, las tripulan.
Sin embargo, la portavoz presidencial ha sido cuestionada por la legislación específica que justifica el asesinato de supervivientes, a lo que ha respondido que el ataque «se llevó a cabo en defensa propia para proteger a los estadounidenses en intereses vitales de Estados Unidos, (…) en aguas internacionales y de conformidad con el derecho de los conflictos armados».
Pese a lo defendido por la Casa Blanca, el Manual de Ley de Guerra del Departamento de Defensa estipula en el séptimo punto del cuarto título de su quinto capítulo que «está prohibido llevar a cabo hostilidades con el objetivo de que no haya supervivientes, o amenazar al adversario con negar cuartel», en base a «consideraciones tanto humanitarias como militares».
Aun así, Leavitt, preguntada por los contenidos del manual, ha insistido en la legalidad de la operación. «El almirante Bradley actuó correctamente, dentro de su autoridad y de la ley que regulaba el ataque, para garantizar la destrucción total del barco y eliminar la amenaza de los terroristas del narcotráfico para Estados Unidos», ha subrayado, remitiendo al Departamento de Defensa ante «cualquier otra pregunta sobre su razonamiento».
La denuncia de la eliminación de supervivientes
La Casa Blanca ha defendido de este modo la actuación del Ejército estadounidense, que, según las informaciones de medios estadounidenses como Washington Post o The Intercept, tras disparar contra la lancha en una primera ocasión y observar que al menos dos personas habrían sobrevivido, atacó de nuevo para acabar con la vida de las once personas que se encontraban en el barco.
Aquel fue el primer ataque contra una embarcación en el mar Caribe de los múltiples que le siguieron y que han acumulado, junto a los ejecutados en el Pacífico oriental bajo los mismos argumentos, al menos 83 víctimas mortales.
Uno de ellos, en octubre, dejó dos supervivientes, posteriormente rescatados y devueltos a Colombia y Ecuador, aunque la portavoz de la Casa Blanca ha negado ser conocedora de cambio alguno al respecto del tratamiento de supervivientes en dichas operaciones.
