Publicado: agosto 26, 2018, 10:53 pm
El Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, es un tecnócrata sin ‘pelos en la lengua’. Economista de la Universidad de los Andes, como la mayoría de la tecnocracia colombiana, en su primera aparición ante la prensa especializada no dudó en calificar de “complicada” la situación fiscal, aunque más que un ‘vainazo’ a su antecesor esa declaración le sirvió para sacar pecho al señalar que “estuve en Hacienda en 2002 y las cosas eran mucho más complicadas; hoy todos los problemas están sobre la mesa, tienen solución y estamos trabajando en ello”.
Calificado de arrogante por sus detractores, Carrasquilla tiene el desafío de sacar adelante una reforma tributaria que aumente el recaudo anual en $3 billones disminuyendo simultáneamente los impuestos a las empresas. Todo ello sin modificar la Regla Fiscal -una camisa de fuerza que obliga al gobierno a disminuir el déficit fiscal del 3,1% del PIB en 2018 a 1,8% en 2021- y en un Congreso donde la administración Duque no cuenta con las mayorías.
En un país donde el 85% del recaudo de renta recae en las empresas y el 15% en las personas naturales, al contrario de lo que ocurre en Estados Unidos y Europa, el gobierno busca cambiar la ecuación paulatinamente con el argumento de que se necesita apoyar la competitividad, impulsar el emprendimiento y la formalización empresarial y laboral.
Pero lograrlo no va a ser fácil, porque durante su campaña el hoy presidente prometió reducir la carga tributaria a las empresas (aunque no se comprometió on un número, se cree que el objetivo es pasar del 33% en 2019 a un 28% en 2020) sin aumentar los impuestos de las personas naturales, algo que hoy no es viable, dada la inflexibilidad del gasto público, tal como ya lo ha admitido Carrasquilla.
“La clase media es un actor importante desde el lado de la participación democrática, las opiniones y las exigencias en materia de calidad de los servicios, pero también debe ser parte activa de la financiación de las estructuras redistributivas y de la lucha contra la pobreza”, señala Carrasquilla, cuya idea es generalizar el cobro del IVA del 19% a todos o a la mayoría de los bienes de la canasta familiar y aumentar el número de personas naturales que declara y paga renta.
“Tenemos una estructura tributaria que afecta la competitividad, la formalidad, el empleo y el emprendimiento y, por lo tanto, castiga severamente el crecimiento a mediano plazo de la economía. Tenemos que arreglar ese problema”, explica el funcionario.
Y aunque los anuncios cuentan con el apoyo unánime del sector privado, las declaraciones del ministro ya han generado polémica y manifestaciones de rechazo en el Congreso, donde se aprueban las reformas tributarias.
Hombre de mil batallas en el sector público, quizás el principal defecto de Carrasquilla es la facilidad con la que hace declaraciones polémicas y políticamente incorrectas; por ejemplo, alguna vez dijo que el salario mínimo en Colombia era muy alto y que generaba desempleo, e incluso durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe renunció a la cartera que hoy ocupa, en 2007, cuando el entonces presidente cedió al ‘lobby’ de los gremios y mantuvo gran cantidad de exenciones y privilegios tributarios.
¿Será diferente esta vez? Es decir, ¿contará con el apoyo político para sacar adelante una reforma tributaria impopular, como todas aquellas que implican el aumento de impuestos y pisan callos?
“La posible ampliación de la base tributaria enfrentará muchas pruebas políticas, como fue el caso de algunos intentos similares en el pasado”, explica Luiz Eduardo Peixoto, economista de BNP Paribas para Latinoamérica, al señalar que el gobierno enfrenta “una tarea cuesta arriba a medida que aumentan las presiones de gasto y su plataforma se basa en reducciones de impuestos”.
En términos similares se expresa Daniel Velandia, gerente de investigaciones de Credicorp Capital, al explicar que el nuevo gobierno deberá tomar medidas creíbles en la medida en que el panorama fiscal sigue siendo desafiante.
De hecho, el analista señala que no descarta una disminución más lenta en el impuesto de renta corporativo (2018: 37%; 2019: 33%), una medida que ya fue aprobada en la reforma tributaria de 2016, a pesar de los anuncios de Carrasquilla.
“En general, un recorte en la calificación soberana por parte de Moody’s (que tiene una perspectiva negativa sobre la calificación de Colombia) luce probable en los próximos meses/trimestres, aunque la pérdida del grado de inversión sigue siendo poco probable, en nuestra opinión”, concluye Velandia
