Publicado: abril 9, 2019, 9:03 pm
En el Plan Nacional de desarrollo se planteó incluir un arancel para todas las importaciones de textiles y confecciones provenientes de países con los que Colombia no tenga Tratados de Libre Comercio, lo cual ha generado debate por los «pros» y «contras» que esto traería al sector.
El sector textil confección colombiano representa el 8,2% del PIB industrial del país, el 21% del empleo industrial colombiano y el 9% de las exportaciones manufactureras. En el 2018 generó ventas por 5000 millones de dólares, producción de 4500 millones de dólares y más de 550.000 empleos formales. Sin duda el contrabando y la ilegalidad han sido el principal problema del sector, los cálculos de subfacturación para el año 2013 alcanzaron una cifra de 604 millones de dólares aproximadamente.
Según lo planteado, la propuesta propone un arancel de 37,9 % a las importaciones de prendas de vestir cuando su precio sea inferior o igual a US$20 por kilo. Para las que superen ese precio, establece un arancel de 10 % ad valorem, más US$3 por kilo.
Gremios como la Andi y Analdex han manifestado su rechazo a esta medida, ya que la consideran contraria al ordenamiento colombiano, y por supuesto porque afectaría al consumidor final. Desde el Congreso y la Cámara de la Confección afirman que esta medida busca proteger a los afectados por la «inundación» de productos hechos en países con mano de obra barata, como algunos asiáticos.
De acuerdo con Analdex, incrementar el arancel de las confecciones importadas al país puede, por el contrario, aumentar el ingreso ilegal de los productos que se pretendan proteger, pues se estaría ampliando el margen de rentabilidad del contrabando del sector. El aumento del contrabando de prendas de vestir afectaría aun de mayor manera a los confeccionistas del país. En ese sentido, la norma terminaría favoreciendo el comercio ilegal de mercancías. La evidencia muestra que en el pasado, cuando se tomaron medidas similares, como en efecto ocurrió entre 2013 y 2017 el contrabando continuo y la subfacturación de precios aumento.
Por su parte, la Andi ve con preocupación las proposiciones para el Plan Nacional de Desarrollo con las cuales se pretende establecer aranceles al sector de las confecciones, hecho que afectaría de forma grave a esta industria. «Siempre hemos acompañado las medidas que apuntan al beneficio y mejora de competitividad de toda la cadena al mismo tiempo, empezando por la más importante que es combatir los importadores ilegales y la informalidad sin afectar el empresario que importa legalmente. Consideramos determinante trabajar en los temas de competitividad que afecten a la industria tales como costos laborales, de energía y logística. Apoyamos las medidas de defensa comercial a las cuales los empresarios pueden acudir para equilibrar la competitividad en los casos de competencia y prácticas desleales de comercio».
¿Cuáles son los argumentos?
La política arancelaria debe ser definida por el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Hacienda
De acuerdo con el ordenamiento colombiano, política arancelaria en Colombia es formulada por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la DIAN, de acuerdo con el numeral 19 del artículo 2 del Decreto 210 de 2003. Para ello, el Ejecutivo tendrá en cuenta las recomendaciones realizadas por el Consejo Superior de Comercio Exterior, creado por medio de la Ley 7ª de 1991, con el propósito asesorar al Gobierno Nacional en todos los aspectos que se relacionen con el comercio exterior, dentro de los que se encuentran los lineamientos de la política arancelaria.
En consecuencia, la normatividad vigente ha delegado en la Rama Ejecutiva la deliberación, construcción y formulación de la política arancelaria, involucrando los escenarios técnicos pertinentes y a las distintas carteras del Gobierno.
Irían en contra de lo indicado la OMC
Una media de esta naturaleza, que no responde a ninguno de los casos definidos por la Organización Mundial de Comercio como herramientas de defensa comercial ante prácticas desleales de comercio, iría en contra de los principios generales que ha indicado la OMC. Se estaría constituyendo una situación irregular con inmensos riesgos de sanciones al país.
Pondría en peligro la estrategia de apertura comercial
La imposición arbitraria de medidas de esta naturaleza es totalmente contradictoria a la estrategia de apertura comercial que ha impulsado Colombia. Por años hemos tratado de adelantar un proceso de apertura que logre posicionar nuestros productos en los mercados internacionales. No solo podría tener funestos efectos sobre el sector textil y de confecciones, sino que sería abrir la puerta a inmensos riesgos en todos los sectores exportadores del país.
Incentivaría el contrabando y la subfacturación
Estas medidas son el camino expedito a mejorar el negocio y la rentabilidad de todos aquellos que cuentan con mecanismos ilegales de contrabando y subfacturación ya que mejoran sustancialmente el margen de estas actividades, dejando totalmente desprotegidos a los importadores formales de estos productos
Afectaría a los consumidores y hogares
Los grandes afectados serían los consumidores que tendrían que asumir un sobrecosto de medidas artificiales que crearían un distorsión de precios sin precedentes en los últimos años en Colombia, con efectos inflacionarios que llegarían a toda la economía.
