Publicado: enero 10, 2019, 9:30 pm
La Cámara de Industrias Asociadas de Bebidas Alcohólicas – CABA, en representación de los productores nacionales y de los importadores de vinos y licores, solicitaron ante el Dane y el Gobierno Nacional la suspensión y modificación de la Resolución 3098 de 2018 “Por la cual se expide la certificación de precio de venta al público de licores, vinos, aperitivos y similares para el año 2019″.
La razón de esta solicitud se dio en consideración al aumento desproporcionado de los precios de las bebidas alcohólicas en los que se hizo caso omiso a lo dispuesto en la ley 1816 de 2016 artículos 19 y 20, en resumen, la determinación de la base gravable de vinos y licores sin la inclusión de impuestos o participaciones.
«Encontramos, en la mayoría de nuestros productos, incrementos que van desde el 50%, y, en algunos casos, superan el 400%», dice la solicitud, agregando que reconocen el esfuerzo que ha realizado el Dane para emitir las certificaciones de precios promedio de bebidas alcohólicas.
«Preocupa que cada año se expide una base gravable, utilizando una metodología diferente a la del año anterior, tratando de ajustarse a lo descrito en la ley y a las necesidades de los Departamentos. Desafortunadamente las preocupaciones de la industria no han sido tenidas en cuenta y por lo cual persiste la incertidumbre respecto al cálculo de la base gravable, que sigue siendo incierto y sujeto a modificaciones según los intereses de los actores involucrados», agrega.
Según la solicitud, las metodologías aplicadas demuestran inexperiencia y además falta de conocimiento del funcionamiento de la industria, de la realidad del mercado, y de la problemática del mercado ilegal, que continúa creciendo desmedidamente. Por todo lo anterior, CABA solicita la suspensión inmediata de la Resolución 3098 de 2018 y la modificación de la certificación de los precios publicada, así como una reunión urgente con el director del Dane en una mesa de trabajo conjunta con la industria en general, representantes de los Departamentos, la Federación de Departamentos y el Gobierno nacional que permita analizar soluciones que den cumplimiento a la ley sin detrimento de ninguno de los actores.
